Causa ANDIS: la Justicia amplió los procesamientos y estimó sobreprecios por más de $7.833 millones
La investigación judicial por las presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. El juez federal Ariel Lijo, a cargo de manera interina del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, dictó una resolución que amplía el alcance de los procesamientos y profundiza el análisis de las contrataciones públicas destinadas a la adquisición de medicamentos, insumos médicos y elementos ortopédicos.

El juez federal Ariel Lijo avanzó con una nueva etapa de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. La resolución alcanzó a empresarios, exfuncionarios y otras personas vinculadas con las contrataciones de medicamentos e insumos médicos del Programa Incluir Salud, según consignó la periodista Vanesa Petrillo, Minutouno, .
Además, dispuso 19 nuevos procesamientos sin prisión preventiva, amplió los de otros cinco imputados y ordenó profundizar la investigación sobre otras 11 personas.
La medida apunta a reconstruir el funcionamiento de una presunta estructura delictiva que habría operado dentro y fuera del organismo estatal, con participación de funcionarios, intermediarios y empresarios proveedores. Según la hipótesis judicial, el mecanismo habría permitido favorecer a determinadas compañías mediante procedimientos de contratación presuntamente manipulados, con perjuicio para las arcas públicas.
La resolución dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió el de otras cinco que ya se encontraban procesadas. Entre estos últimos figuran Diego Orlando Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, señalados en la investigación como presuntos jefes de la asociación ilícita, además de Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, considerados posibles integrantes de la organización.
Los cinco habían sido procesados el 9 de febrero de 2026, decisión que posteriormente fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal.
Una presunta estructura de contrataciones direccionadas
La nueva resolución extiende la investigación a operaciones relacionadas con la compra de insumos médicos y ortopédicos mediante el Programa Incluir Salud. En ese marco, se atribuyen distintos grados de responsabilidad por presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada contra la administración pública nacional.
En determinados casos, también se incorporaron imputaciones por presunto lavado de activos agravado, a partir del análisis de movimientos financieros que podrían estar relacionados con los fondos provenientes de las maniobras investigadas.
Entre los nuevos procesados se encuentran empresarios vinculados con distintas firmas proveedoras de la ANDIS, entre ellas Expo Trauma S.A., Artrobone Ortopedia S.A., Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A. y Farma Salud S.R.L.
La nómina también incluye a personas relacionadas con Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L., Prolite Orthopedics S.R.L., Med-El Latino América S.R.L., Meridius S.A., Neurosalud S.A., Ortopedia Bernat S.R.L. y otras empresas que participaron en operaciones comerciales bajo análisis judicial.
La investigación alcanzó, además, a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, por sus presuntas intervenciones en tareas administrativas vinculadas con la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos de contratación, el acceso a información interna y el seguimiento de pagos.
Por otra parte, Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro fueron procesados por presunta asociación ilícita y lavado de activos agravado, en relación con circuitos financieros y comerciales que se investigan a partir de los vínculos con Miguel Ángel Calvete y la firma Baires Fly S.A. También se dispuso el procesamiento de Lautaro Valentín Brítez como presunto integrante de la organización.
En paralelo, el magistrado resolvió dictar la falta de mérito para otras 11 personas que habían sido indagadas. Esa decisión implica que, por el momento, los elementos reunidos no permiten adoptar una definición concluyente sobre su situación procesal y que deberán realizarse nuevas medidas de investigación.
Sobreprecios estimados en más de $7.833 millones
Uno de los aspectos centrales del expediente es la cuantificación provisoria de las diferencias detectadas entre los precios pagados por el Estado y los valores de referencia para los productos adquiridos.
El análisis comprendió seis categorías de insumos: amputaciones, productos cardiovasculares, implantes auditivos y audífonos, neurocirugía, sillas de ruedas y andadores, y traumatología.
A partir de un relevamiento técnico del Ministerio de Salud, se identificaron diferencias de precios de al menos $1.849.277.963 en determinadas operaciones correspondientes al rubro insumos. Ese monto se suma a los $5.984.594.394,24 detectados previamente en las compras de medicamentos.
De esta manera, la estimación económica conjunta asciende a $7.833.872.357,24.
No obstante, la cifra constituye un cálculo parcial y provisorio, elaborado sobre las operaciones que pudieron compararse con precios de referencia. Por lo tanto, no representa necesariamente el monto definitivo del perjuicio económico ni equivale, por sí solo, a una determinación firme de responsabilidades penales.
De acuerdo con la resolución, las pruebas reunidas permitirían sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, la existencia de un esquema organizado en el que habrían intervenido agentes públicos, operadores externos, empresarios y personas encargadas de canalizar los fondos.
La hipótesis judicial señala que las maniobras habrían incluido la selección arbitraria de proveedores, el uso de información privilegiada, la simulación de competencia entre empresas, el direccionamiento de adjudicaciones y la intervención en la gestión de pagos.
Según esa reconstrucción, las prácticas investigadas no se limitarían a diferencias de precios aisladas, sino que podrían formar parte de un sistema sostenido de contrataciones presuntamente irregulares, mediante el cual determinadas empresas habrían obtenido ventajas económicas indebidas y se habrían generado retornos para algunos de los participantes.
Como antecedente, la Sala II de la Cámara Federal había señalado, al analizar contrataciones realizadas mediante el sistema SIIPFIS, que aspectos centrales de los procedimientos —como las invitaciones, las cotizaciones y los pagos— se habrían definido al margen de los mecanismos legítimos. El tribunal también consideró que los vínculos entre algunos de los protagonistas podían responder a acuerdos ilícitos y no a hechos circunstanciales.
El alcance institucional de la causa
La resolución sostiene que la relevancia penal del expediente no depende exclusivamente de los sobreprecios que pudieron cuantificarse hasta el momento. El eje de la investigación también está puesto en determinar si existió una estructura coordinada para orientar decisiones administrativas y beneficiar intereses privados mediante el uso de recursos públicos.
Desde una perspectiva institucional, el caso vuelve a poner bajo análisis los mecanismos de control sobre las compras estatales, la transparencia en la selección de proveedores y los procedimientos de contratación de bienes esenciales para personas con discapacidad.
La investigación deberá establecer ahora el grado de participación de cada imputado, el alcance económico definitivo de las operaciones cuestionadas y la eventual existencia de responsabilidades individuales. Los procesamientos constituyen decisiones judiciales adoptadas durante la etapa de instrucción y no equivalen a condenas definitivas.
El avance de la causa representa un nuevo paso en el intento de reconstruir cómo se habrían desarrollado las contrataciones investigadas en la ANDIS y si los procedimientos destinados a garantizar el acceso a medicamentos e insumos médicos fueron utilizados para favorecer intereses particulares en detrimento del Estado nacional.
