Diego Santilli apuesta a una reforma electoral y busca respaldo político para suspender las PASO
El Gobierno nacional mantiene sus esfuerzos para conseguir respaldo parlamentario a la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En ese contexto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, expresó su confianza en que el oficialismo logrará reunir los apoyos necesarios para avanzar con una reforma electoral.
El jefe de Gabinete aseguró que el oficialismo cuenta con posibilidades de reunir los votos necesarios para avanzar con cambios en el sistema electoral.
Mientras negocia con gobernadores aliados, defendió la iniciativa con el argumento de reducir la cantidad de convocatorias a las urnas. También se refirió al financiamiento universitario y a las críticas de la oposición por el cumplimiento de la ley.
Durante una entrevista con Radio Mitre, el funcionario sostuvo que el proyecto tiene posibilidades de prosperar y afirmó que habrá modificaciones en el sistema electoral. Sus declaraciones se producen en medio de las negociaciones que mantiene con gobernadores aliados, cuyo acompañamiento resulta clave para construir una mayoría legislativa.
Como argumento central, Santilli cuestionó la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a votar y planteó que resultaría difícil para los legisladores oponerse a una iniciativa orientada a reducir esas convocatorias. Además, recordó que otras reformas impulsadas por la administración de Javier Milei, que inicialmente generaban dudas sobre su viabilidad parlamentaria, finalmente consiguieron los votos necesarios.
Sin embargo, la discusión sobre las PASO excede la cantidad de jornadas electorales. La iniciativa también abre un debate sobre las reglas de competencia política, los mecanismos de selección de candidaturas y el papel de los partidos en la representación ciudadana.
Mientras el oficialismo presenta la suspensión como una medida para simplificar el calendario electoral, sus alcances deben evaluarse también en función de sus efectos sobre la participación y la competencia democrática.
Santilli también se refirió a la quinta Marcha Federal Universitaria y diferenció los reclamos por el financiamiento educativo de los episodios de violencia que, según sus declaraciones, se registraron en algunas manifestaciones. El jefe de Gabinete condenó las agresiones y los daños, aunque sostuvo que esos comportamientos no representan la defensa de la universidad pública.
En relación con los recursos destinados al sector, afirmó que durante 2024 el Gobierno incrementó un 270% el presupuesto universitario respecto de 2023 y señaló que se cancelaron deudas por 10.000 millones de pesos que, según indicó, habían quedado pendientes de la gestión anterior. También mencionó demoras de entre tres y cuatro meses en la recepción de fondos por parte de las instituciones.
Estas afirmaciones forman parte de la defensa oficial de su política presupuestaria, pero el debate universitario no se limita a los montos nominales asignados.
Para evaluar la situación resulta necesario considerar la inflación acumulada, la evolución de los gastos de funcionamiento, los salarios docentes y no docentes, y el financiamiento destinado a investigación y extensión. Estos indicadores permiten dimensionar con mayor precisión la capacidad real de los recursos para sostener la actividad académica.
Consultado sobre las críticas opositoras relacionadas con un presunto incumplimiento de la ley, Santilli aseguró que el Ejecutivo acató la medida cautelar dictada por la Justicia y afirmó que cumplió con la totalidad de sus disposiciones. Al mismo tiempo, reconoció que determinados aspectos de la normativa continúan bajo discusión judicial.
La cuestión mantiene abierto un frente de tensión entre el Gobierno, la oposición y los sectores universitarios. En este escenario, la respuesta definitiva dependerá tanto de las decisiones judiciales como de la capacidad de las partes para sostener sus argumentos con información verificable.
