Polémica en Tucumán por EDET: la oposición cuestiona las prórrogas y apunta contra Jaldo por el avance del Grupo Neuss

La controversia sobre EDET coloca bajo la lupa la política energética de Tucumán y el crecimiento del Grupo Neuss en el mercado nacional. El desenlace dependerá de la transparencia del proceso licitatorio, de la solidez de los controles públicos y de la capacidad de las autoridades para compatibilizar la rentabilidad empresarial con tarifas razonables y un servicio eléctrico confiable.

Legisladores tucumanos denunciaron presuntas irregularidades en la postergación de la licitación para definir el control accionario de la distribuidora eléctrica provincial, según consignó el portal de noticias Minutouno.

Las críticas apuntan a la gestión de Osvaldo Jaldo, cuestionan la transparencia de los costos y advierten sobre el impacto de las tarifas en los usuarios. El Gobierno provincial rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de los procedimientos.

La continuidad de la distribuidora eléctrica EDET en el centro de las decisiones regulatorias de Tucumán abrió un nuevo frente de conflicto político. Legisladores de la oposición cuestionaron las sucesivas postergaciones de la licitación para definir el control accionario de la empresa y acusaron al gobernador Osvaldo Jaldo de favorecer, mediante esas decisiones, los intereses del Grupo Neuss, conglomerado que amplió su presencia en el sector energético argentino.

De acuerdo con una investigación publicada por Ámbito, las críticas se concentran en la demora para convocar a una licitación pública nacional e internacional por el paquete mayoritario de acciones de EDET. Desde la Comisión de Energía de la Legislatura provincial sostienen que las sucesivas prórrogas generan dudas sobre la transparencia del proceso y reclamaron mayores controles sobre la compañía.

El conflicto adquiere una dimensión mayor por la expansión del Grupo Neuss en el mercado energético. A través de Edison Energía, el conglomerado consolidó su participación en distintas empresas del sector, entre ellas EDET, la distribuidora jujeña EJESA y la transportista LITSA, y posteriormente incorporó Transener. En ese contexto, la situación tucumana reavivó las discusiones sobre la concentración empresarial y los mecanismos de regulación de los servicios públicos.

La licitación bajo sospecha y las críticas a la gestión provincial

El vicepresidente de la Comisión de Energía de la Legislatura tucumana, José Seleme, calificó de presunto «acuerdo espurio» la decisión de postergar nuevamente el proceso licitatorio. Su cuestionamiento se apoya, principalmente, en la falta de información pública sobre determinados costos operativos de EDET y en la posición que ocupa el grupo empresario dentro de la cadena energética.

Seleme afirmó que los legisladores no cuentan con información suficiente para conocer el precio al que la distribuidora adquiere la electricidad en el mercado mayorista y comparó ese valor con el costo que, según sus declaraciones, termina trasladándose a los usuarios. También advirtió sobre la integración de distintas actividades energéticas bajo un mismo grupo económico, una situación que, a su juicio, exige controles más rigurosos para evitar posibles ventajas comerciales.

Sus declaraciones plantean un interrogante central para la política energética provincial: hasta qué punto los organismos reguladores pueden garantizar la transparencia de los costos, la competencia y la protección de los consumidores cuando una empresa tiene una presencia significativa en diferentes eslabones del negocio.

No obstante, las acusaciones formuladas por los legisladores constituyen cuestionamientos políticos que requieren documentación y verificaciones independientes para establecer si existieron irregularidades concretas en las decisiones administrativas.

Otro de los puntos controvertidos es el cronograma previsto para la licitación. Según los antecedentes citados en la investigación periodística, el calendario legislativo establecía el 30 de septiembre de 2026 como fecha límite para convocar al proceso, con una extensión del segundo período de gestión hasta abril de 2027.

Sin embargo, en el ámbito parlamentario surgieron versiones sobre una posible nueva postergación hasta marzo de 2027. De concretarse, la medida volvería a demorar la definición sobre el control accionario de la distribuidora y profundizaría las críticas de quienes reclaman una competencia abierta por la concesión.

El legislador Manuel Courel cuestionó los cambios en los plazos y recordó que el vencimiento del período de gestión se había trasladado previamente de febrero a julio y luego a septiembre. Para el parlamentario, esa sucesión de modificaciones resulta difícil de justificar en un escenario marcado por las quejas de los usuarios, los aumentos tarifarios y los reclamos por la calidad del servicio.

Courel también criticó que la administración provincial aprobara nuevos cuadros tarifarios sin exigir, según su planteo, una discusión previa y suficiente sobre las inversiones realizadas, las obras pendientes y el funcionamiento de la empresa.

El eje de la controversia, por lo tanto, no se limita a la fecha de una licitación. También involucra la capacidad del Estado provincial para establecer condiciones claras de concesión, evaluar el desempeño de la prestadora y exigir compromisos de inversión verificables.

Aumentos de tarifas y reclamos por la calidad del servicio

La discusión política se desarrolla en un contexto de preocupación por el costo de la electricidad para los hogares y las actividades productivas. De acuerdo con los datos citados por legisladores tucumanos, los costos vinculados con el servicio de distribución acumularon un incremento del 40% en lo que va del año, con aumentos puntuales de hasta el 44%, independientemente del precio mayorista de la energía.

Los cuestionamientos también alcanzan al destino de las ganancias de la compañía. Desde la oposición sostienen que el esquema vigente no garantiza que una parte de esos recursos se reinvierta en infraestructura local, una cuestión relevante frente a los reclamos por la calidad y la continuidad del suministro.

En términos económicos, el debate exige distinguir entre los componentes que integran la factura eléctrica: el costo de la energía, el transporte, la distribución, los impuestos y los cargos regulatorios. Esa diferenciación resulta indispensable para determinar qué parte de los aumentos responde a decisiones nacionales y cuál depende de las disposiciones provinciales y de la estructura de costos de la distribuidora.

También será necesario contrastar los porcentajes denunciados con los cuadros tarifarios oficiales y los informes del organismo regulador para dimensionar el impacto real sobre los usuarios.

Frente a las acusaciones, el Gobierno de Tucumán rechazó las objeciones y aseguró que los procedimientos administrativos se desarrollan conforme a la normativa vigente. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que los aumentos tarifarios cuentan con respaldo técnico en resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación y del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos Provincial (ERSEPT).

Además, Jaldo anticipó que el Gobierno nacional trabaja en un mecanismo de compensación para reducir el impacto de las facturas eléctricas durante los cuatro meses de mayor demanda asociados al consumo de energía para refrigeración.

La eventual implementación de esa asistencia podría aliviar temporalmente el gasto de los usuarios, aunque no resolvería por sí misma las controversias sobre la concesión, la transparencia de los costos ni las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura.

El conflicto alrededor de la distribuidora expone una tensión entre la continuidad administrativa, los intereses empresariales y las responsabilidades del Estado en la regulación de un servicio esencial. Las sucesivas prórrogas cuestionadas por la oposición plantean la necesidad de conocer los fundamentos técnicos y jurídicos que las justifican, así como las condiciones bajo las cuales se desarrollará la futura licitación.

Para el Gobierno provincial, el desafío será demostrar que las decisiones adoptadas responden a criterios objetivos y respetan las reglas vigentes. Para la Legislatura y los organismos de control, la discusión pasa por garantizar el acceso a la información, verificar los costos declarados y evaluar si la prestadora cumple con las obligaciones de calidad e inversión.