Organizaciones universitarias condenaron la represión durante la Quinta Marcha Universitaria
Pese a los hechos denunciados, los sectores universitarios destacaron la amplia participación registrada en distintos puntos del país y ratificaron que mantendrán sus reclamos hasta que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
El CIN, la FUA y los gremios docentes y Nodocentes cuestionaron el accionar del Gobierno nacional y exigieron que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y respaldada por la Justicia.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresaron su rechazo a los hechos de represión registrados durante la Quinta Marcha Universitaria, realizada este jueves. Además, responsabilizaron al Gobierno nacional por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones denunciaron que los incidentes de violencia obligaron a interrumpir el acto central en la Ciudad de Buenos Aires antes de su finalización.
Las entidades manifestaron su enérgico repudio al accionar de las fuerzas de seguridad y recordaron que las cuatro movilizaciones universitarias anteriores se habían desarrollado sin incidentes. También remarcaron que las protestas realizadas en diferentes localidades del país transcurrieron de manera pacífica.
En el documento, los representantes de las universidades y de los trabajadores del sector reclamaron al Poder Ejecutivo que respete y aplique la normativa de financiamiento, que fue sancionada por el Congreso y obtuvo respaldo en distintas instancias judiciales.
Asimismo, consideraron que el operativo de seguridad evidencia que la disputa por los recursos universitarios no responde a una falta de fondos, sino a una decisión política del Gobierno. En ese sentido, sostuvieron que la situación refleja una falta de voluntad para garantizar el cumplimiento de la ley.
Las organizaciones también acusaron a la administración nacional de ordenar la represión contra una manifestación que, según señalaron, se desarrollaba dentro de los principios democráticos y el respeto por las instituciones.
