Agroquímicos: una investigación detectó plaguicidas en el agua de red y deposiciones

La discusión de fondo es si el Estado contará con organismos capaces de producir evidencia independiente sobre los riesgos ambientales y sanitarios, o si los conflictos administrativos terminarán debilitando esa capacidad.

La investigadora Virginia Aparicio presentó en Balcarce los resultados de un estudio internacional que identificó residuos de plaguicidas en agua, ambientes domésticos y muestras biológicas.

En paralelo, enfrenta un proceso administrativo que podría dejarla fuera del INTA y del CONICET. El caso abre un debate sobre los riesgos asociados al modelo agropecuario, la transparencia científica y las presiones institucionales sobre quienes investigan sus consecuencias.

La presencia de plaguicidas en el ambiente y la exposición cotidiana de la población a estas sustancias volvieron al centro de la discusión pública tras la presentación de los resultados del proyecto internacional SPRINT, realizada por Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma e investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El estudio, desarrollado con participación de equipos europeos, relevó residuos de productos fitosanitarios en distintas matrices ambientales y biológicas de la región pampeana.

Los resultados expuestos en Balcarce plantean interrogantes sobre los controles ambientales, la calidad del agua destinada al consumo humano y los posibles efectos de la exposición simultánea a múltiples sustancias.

Al mismo tiempo, la situación laboral de Aparicio suma una dimensión institucional al caso: la investigadora enfrenta un sumario y, según la información difundida, podría ser expulsada del INTA, una decisión que también afectaría su continuidad en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

La coincidencia entre la difusión de estos resultados y las medidas administrativas contra la científica alimenta cuestionamientos sobre las condiciones en las que se desarrolla la investigación pública. Sin embargo, para establecer si existe una relación directa entre ambos hechos es necesario distinguir las actuaciones institucionales documentadas de las interpretaciones políticas que suscitan.

Plaguicidas en el agua y dentro de los hogares

Uno de los aspectos más relevantes del relevamiento fue el análisis de 154 muestras de agua destinadas al consumo humano, recolectadas entre 2019 y 2022. Según los datos presentados por Aparicio, se detectaron de manera recurrente sustancias como atrazina, metolacloro, imazetapir, 2,4-D e imidacloprid.

El trabajo comprendió diez partidos del sudeste bonaerense: Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Tandil, Benito Juárez, Necochea, Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel Dorrego. La investigación incluyó poblaciones rurales y urbanas, personas vinculadas con sistemas productivos convencionales y agroecológicos, y habitantes de pequeñas localidades.

El alcance del proyecto fue más allá del agua potable. Se analizaron suelos, aguas superficiales, sedimentos y distintos organismos, entre ellos peces, insectos, lombrices y murciélagos. También se estudiaron muestras humanas de sangre, orina y materia fecal, además de utilizar pulseras de silicona durante siete días para registrar la exposición a sustancias presentes en el entorno.

De acuerdo con los resultados difundidos, el 86% de las personas analizadas presentó presencia de plaguicidas o sus residuos, aunque para interpretar correctamente ese porcentaje es necesario precisar los compuestos incluidos, los criterios analíticos y las características de la población estudiada. Detectar una sustancia no equivale, por sí solo, a demostrar que una persona desarrollará una enfermedad.

El dato, no obstante, pone sobre la mesa una cuestión que merece atención pública: la exposición a estos productos no necesariamente se limita a quienes trabajan directamente en el campo. Los residuos pueden circular por diferentes vías ambientales y alcanzar también a personas que viven lejos de las zonas de aplicación.

Otro de los hallazgos destacados fue la presencia simultánea de numerosos plaguicidas en una misma muestra. En el polvo recolectado dentro de viviendas rurales, la mediana fue de 75 sustancias diferentes, con registros que oscilaron entre 25 y 121.

En las muestras de agua superficial de arroyos y lagunas, el valor típico informado fue de 20 residuos por muestra. Según la exposición de la investigadora, ninguna de las muestras de ese conjunto estuvo libre de residuos y también se identificaron sustancias cuyo uso no estaría permitido.

Estos resultados refuerzan la necesidad de revisar una limitación frecuente en las evaluaciones de riesgo: muchos análisis regulatorios consideran los efectos de cada compuesto por separado, mientras que las personas y los ecosistemas pueden estar expuestos a mezclas complejas.

La combinación de sustancias no implica necesariamente que todos sus efectos se potencien, pero tampoco permite asumir que los riesgos individuales describen adecuadamente lo que sucede en condiciones reales. Las interacciones pueden variar según las dosis, los compuestos involucrados y el organismo expuesto.

Aparicio también presentó ensayos de laboratorio con lombrices en los que una combinación de productos utilizada en el experimento argentino generó efectos mayores que los observados con las sustancias evaluadas individualmente. En plantas se registró una disminución del crecimiento de las raíces, mientras que en los colémbolos estudiados no se observaron efectos bajo las condiciones de la prueba.

La diferencia entre los resultados demuestra por qué es importante evitar conclusiones generalizadas: los efectos dependen de la combinación y de la especie analizada. Aun así, los hallazgos justifican profundizar los estudios sobre exposiciones múltiples y sus consecuencias ambientales.

Un conflicto que compromete el debate sobre la ciencia pública

La presentación de los resultados se produce en medio de un conflicto entre Aparicio y las autoridades del INTA. Según los antecedentes difundidos, la investigadora había finalizado su trabajo en 2023, pero encontró obstáculos institucionales cuando intentó comunicar sus conclusiones.

El organismo ya había cuestionado aspectos de su investigación mediante la Resolución 1081/2023 y volvió a marcar distancia respecto del proyecto. Entre las objeciones planteadas figuran procedimientos vinculados con la toma y el análisis de muestras humanas, la intervención de especialistas en salud y toxicología, el envío de muestras al exterior, la actuación del comité de ética y el acceso a información de los participantes.

La resolución también estableció una distinción: no correspondía formular observaciones sobre los análisis de animales, suelos y aguas, por encontrarse dentro del ámbito de actuación del INTA.

Estas objeciones deben examinarse con rigor. La investigación con personas requiere protocolos éticos, consentimiento informado, protección de datos y procedimientos técnicamente adecuados. Si existieron incumplimientos, corresponde investigarlos y determinar responsabilidades mediante mecanismos transparentes.

Pero esos cuestionamientos tampoco deberían convertirse en un argumento para desestimar automáticamente los resultados científicos. La validez de los hallazgos debe evaluarse con criterios metodológicos, evidencia verificable y revisión independiente, sin confundir las eventuales irregularidades administrativas con la calidad de los datos obtenidos.

En ese contexto, el avance de un proceso que podría terminar con la expulsión de Aparicio del INTA y del CONICET genera preocupación por sus consecuencias profesionales y por el mensaje que podría transmitir al sistema científico. La Asociación de Personal de Trabajadores del INTA (APINTA) manifestó su rechazo a la medida y salió en defensa de la investigadora.

El modelo agropecuario frente a la evidencia ambiental

El caso trasciende la situación individual de Aparicio. También interpela a un modelo productivo que utiliza plaguicidas a gran escala y cuyos impactos sobre la salud humana y los ecosistemas requieren monitoreo permanente.

La detección de residuos en agua, polvo doméstico y muestras biológicas no demuestra por sí sola que todos los productos utilizados sean igualmente peligrosos ni que exista una relación causal directa con enfermedades específicas. Para establecer esos vínculos hacen falta estudios adicionales, información sobre concentraciones, niveles de exposición, duración del contacto y evidencia toxicológica y epidemiológica.

Sin embargo, la ausencia de una prueba concluyente sobre un daño particular tampoco debería utilizarse para minimizar los resultados ni postergar indefinidamente las investigaciones. Cuando existen indicios de exposición extendida, la respuesta razonable es fortalecer los controles, ampliar el monitoreo y garantizar el acceso público a la información.

También resulta indispensable que las instituciones científicas puedan investigar los efectos de las actividades económicas, incluso cuando sus resultados incomoden a sectores productivos o entren en tensión con decisiones políticas. La independencia científica no exime del cumplimiento de las normas éticas, pero exige que los cuestionamientos se tramiten con garantías, criterios técnicos y transparencia.