Randazzo declaró en la causa Cuadernos y negó haber recibido órdenes de CFK para beneficiar a empresas
El exministro del Interior y Transporte sostuvo que durante su gestión tuvo autonomía para tomar decisiones y que contó con respaldo de la Presidencia en las principales medidas adoptadas en materia ferroviaria y de transporte público.
Florencio Randazzo declaró por primera vez como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7 en el marco de la causa Cuadernos y rechazó de manera categórica haber recibido instrucciones de Cristina Kirchner para favorecer a determinadas empresas mediante la asignación de subsidios.
Durante su exposición, Randazzo explicó que la distribución de subsidios involucraba al Ministerio de Economía, que debía intervenir en la programación y disponibilidad de los fondos. Según su relato, el esquema respondía a una definición política: mantener tarifas accesibles para los usuarios implicaba necesariamente una mayor participación del Estado en el financiamiento del transporte. En ese sentido, defendió las inversiones realizadas después de la tragedia de Once y destacó la compra de 1.140 coches ferroviarios entre 2012 y 2015.
El exfuncionario también reivindicó medidas destinadas a incrementar los mecanismos de control, como la implementación de la tarjeta SUBE, el sistema de GPS y la publicación de información sobre los subsidios otorgados a las distintas líneas. Afirmó que ninguna empresa le planteó pedidos indebidos y que no le consta que durante su administración existieran acuerdos irregulares entre funcionarios y empresarios. También mencionó el caso de Siemens, que debió devolver un anticipo recibido por una obra de señalización que no cumplió.
El debate por las tarifas y el peso de los subsidios
Randazzo vinculó el crecimiento de los subsidios con el congelamiento tarifario y sostuvo que el aumento del gasto estatal no puede analizarse separado de la decisión política de mantener bajos los precios del transporte. Según explicó, entre 2002 y 2008 las tarifas permanecieron congeladas, mientras que posteriormente aumentaron muy por debajo de la inflación y de la evolución de los salarios ferroviarios. Como consecuencia, el subsidio llegó a representar cerca del 90% del costo del pasaje.
Su declaración buscó así colocar el funcionamiento del sistema de transporte dentro de una discusión más amplia: cuánto debe pagar el usuario y cuánto debe financiar el Estado.
Al mismo tiempo, sus afirmaciones se producen en una causa judicial que investiga presuntos mecanismos de corrupción y vínculos entre funcionarios y empresarios, por lo que sus negaciones y la descripción de los controles implementados forman parte de un testimonio que deberá ser contrastado con el resto de las pruebas incorporadas al expediente.
