Granja Tres Arroyos no acató la conciliación obligatoria y profundiza la crisis laboral en Entre Ríos
La conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo no logró modificar, al menos en su primer día de vigencia, el conflicto laboral en Granja Tres Arroyos.
Los trabajadores despedidos se presentaron en la planta para retomar sus tareas, pero denunciaron que no pudieron ingresar ni mantener contacto con representantes de la empresa, mientras solo encontraron presencia policial.
La resolución oficial había dispuesto dejar sin efecto los despidos y garantizar la continuidad normal de las actividades durante 15 días hábiles, por lo que el incumplimiento denunciado vuelve a poner en discusión la capacidad del Estado para hacer efectiva una medida laboral frente a una empresa de gran dimensión.
Eduardo Ramírez, despedido en mayo después de casi dos décadas de trabajo en la planta, aseguró que la medida oficial se convirtió hasta el momento en una “formalidad”. La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el jueves 20 de agosto en Paraná, donde los trabajadores y el gremio buscarán plantear la situación y exigir una salida. Mientras tanto, no descartan nuevas protestas, incluidos cortes de ruta, ante la falta de respuestas concretas.
El conflicto también expone el deterioro económico que atraviesan las familias afectadas. Ramírez contó que tuvo que abandonar el alquiler y mudarse con su pareja para reducir gastos, mientras ambos intentan sostener la alimentación y el pago de los servicios. La asistencia alimentaria municipal representa un alivio, pero resulta insuficiente para cubrir obligaciones básicas. A esto se suma un subsidio provincial que, según el trabajador, hasta el momento habría alcanzado apenas a 80 personas de un universo cercano a 700.
El costo social detrás de los despidos
Más allá de la disputa entre la empresa y sus trabajadores, el caso revela cómo la pérdida de un empleo formal puede desencadenar una cadena de precarización y endeudamiento difícil de revertir. Ramírez vinculó la situación con el deterioro del mercado laboral durante el gobierno de Javier Milei y relató incluso el fallecimiento de un excompañero que, según su testimonio, quedó gravemente afectado por la falta de ingresos y oportunidades laborales.
Su relato muestra que el conflicto no se limita a una discusión salarial: cuando desaparece el empleo, también se deterioran las condiciones de vivienda, alimentación y acceso a servicios. En ese escenario, la falta de reapertura de la planta pese a una conciliación obligatoria plantea un interrogante de fondo sobre la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de sus propias decisiones y evitar que la crisis laboral termine transformándose en una crisis social.
