La ofensiva contra la Ley de Etiquetado Frontal reabre el debate entre intereses económicos y salud pública

Mientras el Gobierno de Javier Milei y sectores del PRO sostienen que el sistema de etiquetado frontal representa una regulación excesiva, organizaciones científicas y entidades médicas advierten que eliminar la norma implicaría un retroceso en las políticas de prevención de enfermedades no transmisibles.

La decisión del oficialismo de impulsar la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable volvió a instalar una discusión que trasciende el plano legislativo y enfrenta dos visiones opuestas sobre el rol del Estado.

La controversia se produce en momentos en que el Congreso analiza dos proyectos que buscan dejar sin efecto la legislación vigente desde hace cinco años. Una de las iniciativas fue presentada en el Senado con la firma del presidente Javier Milei y otros referentes del oficialismo, mientras que la restante ingresó en la Cámara de Diputados impulsada por legisladores de La Libertad Avanza y el PRO.

Frente a ese escenario, la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), acompañada por más de 300 organizaciones civiles y asociaciones profesionales, manifestó públicamente su preocupación y defendió la continuidad del sistema de sellos de advertencia como una herramienta de prevención sanitaria respaldada por evidencia científica.

Desde la entidad sostuvieron que los octógonos negros permiten a los consumidores identificar de manera rápida aquellos alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas trans y calorías, nutrientes cuya ingesta frecuente está asociada con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y otras patologías crónicas que representan una de las principales causas de mortalidad tanto en Argentina como a nivel mundial.

Para los especialistas, la discusión no pasa únicamente por un mecanismo de rotulado, sino por el alcance de una política pública orientada a brindar información clara al consumidor y desalentar hábitos alimentarios que incrementan el riesgo sanitario desde edades tempranas.

En ese contexto, la SAC sostuvo que cualquier revisión normativa debería apuntar a perfeccionar la legislación y no a eliminar un instrumento preventivo que, según remarca la comunidad científica, forma parte de las estrategias recomendadas internacionalmente para reducir la carga de enfermedades no transmisibles.

La posición de la entidad coincide con las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que consideran al etiquetado frontal una política eficaz para promover decisiones de consumo más saludables y reducir el impacto de enfermedades vinculadas a la alimentación.

Un debate atravesado por intereses contrapuestos

La discusión legislativa también reavivó los cuestionamientos sobre la influencia de la industria alimenticia en el diseño de las políticas públicas. Diversas organizaciones sociales sostienen que detrás de la propuesta oficial existe una fuerte presión de las grandes compañías productoras de alimentos ultraprocesados, que ya habían manifestado su rechazo durante el debate que culminó con la aprobación de la ley.

Desde el sector empresario, sin embargo, rechazan esa interpretación. La presidenta de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Carla Martín, defendió la postura de la industria al afirmar que las empresas no cuestionan el objetivo de promover una alimentación saludable, sino el sistema de advertencias adoptado por la legislación vigente.

Según la dirigente empresaria, el esquema de octógonos no brinda información suficiente para que el consumidor tome decisiones alimentarias equilibradas y, por el contrario, puede generar confusión al momento de evaluar la calidad nutricional de los productos.

Más que un cambio normativo

El debate sobre la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal refleja una discusión de mayor alcance acerca del modelo regulatorio que impulsa el Gobierno nacional. Mientras la administración libertaria plantea reducir la intervención estatal y revisar normas que considera restrictivas para la actividad económica, las organizaciones médicas advierten que determinadas regulaciones responden a objetivos sanitarios cuya eficacia ha sido respaldada por estudios científicos y organismos internacionales.

En ese escenario, el futuro de la ley dependerá no solo del resultado del debate parlamentario, sino también de la capacidad de los distintos sectores para sostener argumentos respaldados por evidencia. La resolución del conflicto marcará un precedente sobre el peso que tendrán, en el diseño de las políticas públicas, los criterios de salud colectiva frente a las demandas de desregulación económica impulsadas por el oficialismo y respaldadas por parte del sector empresarial.