El Gobierno acelera el ajuste del Estado: proyecta otros 6.000 despidos y apunta a organismos estratégicos

Con una planta que a comienzos de 2026 superaba los 278.000 empleados, la discusión ya no gira únicamente en torno al ahorro fiscal, sino también al alcance que tendrá la reducción del Estado sobre la prestación de servicios, la capacidad de control y las políticas públicas en los próximos años.

El Gobierno nacional prepara una nueva etapa de reducción del empleo público con el objetivo de profundizar el ajuste del gasto estatal.

Según consignó el portan Gestión Sindical, el plan impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contempla el despido de unos 6.000 trabajadores en las próximas semanas, como parte de una estrategia que busca cerrar 2026 con 27.000 puestos menos en la administración pública nacional.

La iniciativa se enmarca en la política de equilibrio fiscal impulsada por la administración de Javier Milei, en un contexto de desaceleración de la actividad económica y una menor recaudación tributaria, factores que el Ejecutivo considera determinantes para profundizar el recorte del gasto público.

El objetivo oficial es reducir cerca del 10% de la planta estatal, incluyendo ministerios, organismos descentralizados, empresas públicas y sociedades del Estado. Si se concreta la meta prevista por el Ministerio de Desregulación, el ajuste alcanzará a decenas de miles de empleados antes de fin de año.

A diferencia de las primeras etapas del plan, que estuvieron concentradas principalmente en ministerios y áreas de la administración central, la nueva ofensiva estaría dirigida sobre todo a los organismos descentralizados, muchos de ellos vinculados a funciones técnicas, científicas, regulatorias y de control.

Entre las dependencias que aparecen bajo análisis figuran el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y la Administración Nacional de la Seguridad Social. También se mencionan posibles reducciones en organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, además de los entes reguladores de energía y comunicaciones.

Desde el oficialismo sostienen que el recorte responde a la necesidad de reducir el tamaño del Estado y sostener el equilibrio de las cuentas públicas. Argumentan que la disminución de los ingresos fiscales obliga a profundizar el ajuste para mantener la disciplina presupuestaria, uno de los principales ejes de la política económica del Gobierno.

Sin embargo, la estrategia genera fuertes cuestionamientos entre los gremios estatales. Tanto la Unión del Personal Civil de la Nación como la Asociación Trabajadores del Estado advierten que una nueva ola de despidos no solo tendrá consecuencias sobre miles de trabajadores, sino que también podría afectar el funcionamiento de organismos encargados de producir estadísticas, impulsar la investigación científica, controlar la calidad de la producción, fiscalizar servicios públicos y administrar políticas sociales.

El debate trasciende la cuestión laboral y expone dos modelos contrapuestos sobre el rol del Estado. Mientras el Gobierno sostiene que una estructura más reducida permitirá mejorar la eficiencia y ordenar las cuentas públicas, especialistas y representantes sindicales advierten que un ajuste de esta magnitud puede debilitar áreas consideradas estratégicas para el desarrollo, la regulación y el funcionamiento de la administración pública.