El desembarco norteamericano en Atucha marca el fin de la soberanía nuclear
El beneficio del RIGI a una firma privada coincide con el desmantelamiento de la CNEA y el abandono del reactor local Carem que tenía un avance del setenta por ciento.
La decisión del Ministerio de Economía de otorgar el predio nuclear de Atucha a la corporación estadounidense Meitner Energy para erigir un reactor privado marca un punto de inflexión histórico en la política energética argentina.
Lejos de representar una genuina llegada de inversiones para potenciar las capacidades locales, la medida expone una estrategia de subordinación tecnológica y de vaciamiento del sector científico público.
El anuncio oficial, realizado en la antesala de protestas gremiales por decenas de despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, devela el mecanismo clásico de debilitar las estructuras estatales mediante el recorte presupuestario y de personal para luego justificar la entrega de áreas estratégicas al sector privado internacional bajo los beneficios fiscales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
El aspecto más crítico y contradictorio del acuerdo radica en la apropiación de la propiedad intelectual nacional. La firma extranjera no desembarca para aportar innovación disruptiva, sino para explotar comercialmente el reactor modular compacto de mediana potencia ACR-300, un diseño creado y patentado originalmente en el país por la empresa estatal Invap.
Al amparo de una inversión de mil doscientos millones de dólares, apenas por encima del piso exigido por el marco normativo del RIGI, la corporación privada capitalizará décadas de investigación financiada por el Estado argentino, transformando un activo soberano en una fuente de rentabilidad corporativa.
Mientras el discurso oficial pondera la supuesta creación de empleo en la fase de construcción, la comunidad científica denuncia una pérdida irreparable de autonomía en materia de generación nucleoeléctrica.
Esta privatización encubierta del suelo y del conocimiento se consolida mediante la parálisis deliberada de la industria nuclear propia.
El proyecto Carem, el ambicioso plan estatal para edificar un reactor modular local en el mismo predio de Lima, quedó completamente desfinanciado y abandonado por la administración central a pesar de registrar un progreso del setenta por ciento en sus obras.
La decisión política de congelar un desarrollo nativo en su etapa final para habilitar la construcción de un proyecto privado desde cero evidencia que el objetivo de fondo no es la eficiencia energética ni la modernización, sino el desmantelamiento sistemático de la soberanía tecnológica en favor de intereses geopolíticos y corporativos externos.
