Ocho de cada diez empleadas domésticas trabajan en negro: la informalidad se profundiza y el salario pierde terreno

El sector acumula la pérdida de más de 30.000 puestos registrados desde noviembre de 2023. Apenas el 22,5% de las trabajadoras está formalizada, mientras la mayoría queda fuera de aportes jubilatorios, ART, vacaciones y otros derechos laborales. Con ingresos promedio de $338.700 mensuales, la mitad cobra menos de $300.000.

El trabajo doméstico atraviesa una situación de creciente precarización que expone una de las caras más frágiles del mercado laboral argentino. Casi ocho de cada diez trabajadoras de casas particulares no están registradas, según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La informalidad alcanza al 77,5% del sector, más del doble del promedio registrado para el conjunto de los trabajadores del país, que se ubica en 37,9%. Esto significa que la enorme mayoría de las empleadas domésticas desarrolla su actividad sin los derechos laborales básicos asociados al empleo formal: cobertura de ART, aportes previsionales, vacaciones y protección frente a contingencias laborales.

El problema, además, no se limita al elevado nivel de trabajo no registrado. Desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026, el sector perdió 30.133 puestos de trabajo formalizados, al pasar de 629.660 a 599.527 trabajadoras registradas. Son, en promedio, más de 33 empleos registrados menos por día durante ese período.

La caída puede responder tanto a la pérdida de ingresos de los hogares empleadores —que dejan de poder afrontar el costo de una trabajadora registrada— como a otro fenómeno todavía más preocupante: empleadas que conservan sus tareas, pero deben aceptar condiciones informales para no perder su fuente de ingresos.

El deterioro del empleo registrado se combina con un escenario salarial particularmente desfavorable. Un estudio realizado por EcoFeminita y Oxfam calculó que el ingreso mensual promedio del sector ronda los $338.700, mientras que la mitad de las trabajadoras percibe menos de $300.000 al mes.

El valor promedio por hora alcanza los $4.886, pero el 50% cobra menos de $4.278.

Detrás de estos números aparece otra característica estructural del sector: la fragmentación de las jornadas laborales. El 73% trabaja en una sola vivienda, con un promedio de apenas 22 horas semanales. Al mismo tiempo, el 30,5% se encuentra subocupado y necesita conseguir más horas para incrementar sus ingresos, mientras que un 8,8% trabaja más de 45 horas semanales.

El resultado es una paradoja: hay trabajadoras que necesitan sumar horas para alcanzar un ingreso suficiente y otras que soportan jornadas extensas, pero ninguna de esas situaciones garantiza necesariamente una remuneración adecuada.

La informalidad tiene un costo concreto

La diferencia entre estar registrada y trabajar en negro no es solamente administrativa. Las trabajadoras formalizadas perciben, en promedio, mejores ingresos y cuentan con aportes jubilatorios y derechos laborales de los que carecen quienes permanecen en la informalidad.

Las empleadas no registradas, además de ganar menos, suelen trabajar más horas en su ocupación principal y quedan expuestas a una mayor vulnerabilidad frente a accidentes, enfermedades, despidos o la llegada de la edad jubilatoria.

La dimensión económica y social del problema también queda reflejada en el papel que cumplen estas mujeres dentro de sus hogares: el 39,8% es el principal sostén económico de su familia, mientras que para el 60,2% restante el ingreso representa un aporte secundario.

Y la precariedad no termina cuando termina la jornada laboral. El 76% de las trabajadoras domésticas debe hacerse cargo, además, de las tareas de limpieza y cuidado dentro de su propio hogar.

Un sector que espera respuestas

Frente a este escenario, el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (Sinpecaf) cuestionó la falta de medidas destinadas a promover la registración y advirtió sobre la insuficiencia de los incrementos salariales establecidos en torno al 1% mensual, muy por debajo de la evolución de los precios.

El Gobierno convocó el 21 de agosto a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para discutir las escalas salariales y abordar el retraso de los ingresos del sector. Según los datos citados, desde abril los salarios acumularon una pérdida de 2,4 puntos frente a la inflación.

Sin embargo, la convocatoria todavía no se tradujo en señales concretas capaces de modificar un escenario que arrastra problemas estructurales desde hace años.

El panorama deja expuesta una contradicción difícil de ignorar: un trabajo indispensable para el funcionamiento cotidiano de miles de hogares continúa siendo uno de los empleos más precarizados de la economía argentina. La informalidad no aparece como una excepción, sino como la regla, mientras los salarios permanecen deprimidos y miles de puestos registrados desaparecen.

La discusión salarial, por lo tanto, resulta insuficiente si no se aborda simultáneamente el problema de fondo: cómo lograr que registrar a una trabajadora deje de ser una excepción y se convierta en la condición normal de un empleo que hoy sostiene a cientos de miles de familias sin garantizarles derechos básicos.