Espert evitó responder preguntas ante la Justicia y buscó desactivar las sospechas en la causa por presunto lavado de activos

Espert compareció ante el juez Lino Mirabelli en el marco de la causa que analiza una presunta maniobra de lavado de activos vinculada a una transferencia de 200.000 dólares proveniente del exterior, aunque optó por no responder preguntas durante la indagatoria y presentó un descargo por escrito acompañado de documentación.

La investigación judicial que involucra al diputado nacional José Luis Espert sumó un nuevo capítulo con su presentación ante los Tribunales Federales de San Isidro.

La estrategia elegida por la defensa se apoyó en un derecho procesal previsto por la Constitución, pero también dejó en evidencia la cautela con la que el dirigente libertario enfrenta una investigación que avanza sobre el origen y el destino de fondos cuya legalidad continúa bajo análisis judicial.

Al retirarse de los tribunales, Espert evitó profundizar sobre el expediente y se limitó a señalar que ya había efectuado las explicaciones correspondientes ante el magistrado. Paralelamente, sus abogados difundieron un comunicado en el que justificaron la decisión de no prestar declaración oral, argumentando que esperan que el proceso reúna «las garantías de un juicio justo» antes de ampliar su defensa.

En el escrito presentado ante el juez Mirabelli, la defensa incorporó once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019. Según sostienen los abogados, esos mensajes acreditan la existencia y ejecución de un contrato de prestación de servicios profesionales que habría dado origen al pago hoy cuestionado por la Justicia.

Además, solicitaron que el magistrado retome de manera directa la conducción de la investigación, que hasta el momento permanece delegada en la Fiscalía Federal encabezada por Fernando Domínguez.

Una transferencia bajo investigación

El expediente gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares acreditada el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, dinero que, según la investigación, no habría sido declarado ante las autoridades fiscales argentinas.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, los fondos fueron enviados por la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., empresa vinculada al empresario aeronáutico argentino Fred Machado, quien admitió su responsabilidad en un caso de lavado de dinero ante la Justicia estadounidense.

Espert sostuvo públicamente que el dinero correspondía al cobro de honorarios por un trabajo de consultoría realizado para la empresa Minas del Pueblo S.A., con operaciones en Guatemala. Sin embargo, la Justicia busca determinar si esa explicación resulta suficiente para acreditar el origen lícito de los fondos o si existieron operaciones posteriores destinadas a ocultar su verdadera procedencia.

Entre las hipótesis que analizan los investigadores figura la posible utilización del dinero para adquirir vehículos de alta gama y financiar un fideicomiso inmobiliario en la costa atlántica, operaciones que forman parte de las medidas probatorias incorporadas al expediente.

La comparecencia de Espert ocurre en un contexto delicado para el diputado, cuyos bienes permanecen inhibidos por orden judicial, medida que fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín y que también alcanza a integrantes de su entorno y a sociedades vinculadas.

Más allá del desenlace de la causa, el expediente adquiere una dimensión política por involucrar a uno de los principales referentes del oficialismo en el Congreso, quien construyó gran parte de su trayectoria pública sobre un discurso centrado en la transparencia institucional, la legalidad y el combate contra la corrupción.

En términos procesales, la decisión de no responder preguntas no constituye un indicio de culpabilidad, ya que se trata de una facultad prevista en el sistema penal. Sin embargo, desde el punto de vista político, la causa vuelve a colocar bajo escrutinio a un dirigente que ahora deberá sostener su defensa no solo ante los tribunales, sino también frente a una opinión pública que observa con atención el avance de la investigación y la consistencia de las explicaciones ofrecidas sobre el origen de los fondos cuestionados.