El Gobierno respaldó a Manuel Adorni con la continuidad de su custodia oficial
En ese marco, la administración libertaria confirmó que continuará contando con custodia oficial, al considerar que persisten los motivos de seguridad que dieron origen a la medida.
Mientras la situación judicial de Manuel Adorni avanza en los tribunales, el Gobierno nacional buscó marcar una línea de separación entre el proceso que lleva adelante la Justicia y las decisiones administrativas vinculadas a la seguridad del exfuncionario.
El encargado de comunicar la decisión fue el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aclaró que la protección policial permanecerá vigente y descartó que la Casa Rosada impulse una investigación interna paralela sobre el caso.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que el Ejecutivo no desarrollará mecanismos propios de revisión, al entender que las actuaciones correspondientes se encuentran bajo la órbita judicial. «No existe un procedimiento interno distinto del que ya está llevando adelante la Justicia», expresó, insistiendo en que la investigación debe seguir exclusivamente por esa vía.
La custodia fue otorgada por el Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, luego de que Adorni solicitara protección ante la Justicia tras denunciar amenazas en su contra. De acuerdo con la resolución vigente, el dispositivo de seguridad tendrá una duración inicial de un año.
La decisión política de mantener esa protección convive con un escenario judicial cada vez más complejo para el exfuncionario. En los últimos días, el juez Ariel Lijo dispuso la prohibición de salida del país sin autorización previa, una medida que busca garantizar su permanencia en territorio argentino mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y en medio de versiones sobre una posible radicación en Uruguay.
La resolución judicial representa un nuevo avance en la causa y anticipa la inminente citación a declaración indagatoria, que podría concretarse en los próximos días en los tribunales federales de Comodoro Py.
En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita rechazó el pedido de detención impulsado por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón. El representante del Ministerio Público consideró que, por el momento, no existen elementos suficientes que justifiquen una medida de coerción personal.
El escenario deja al Gobierno en una posición de equilibrio: por un lado, sostiene la asistencia en materia de seguridad a un exintegrante de la administración; por otro, evita involucrarse en el expediente judicial y procura transmitir que cualquier definición sobre la situación procesal de Adorni corresponde exclusivamente a los tribunales.
La coexistencia entre el respaldo institucional en materia de custodia y el avance de la investigación refleja la estrategia oficial de preservar la separación entre las decisiones administrativas y el desarrollo de la causa penal.
