Escándalo en Vialidad por compra millonaria de neumáticos en plena disolución
Mientras el Gobierno de Javier Milei oficializa el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo firmó el mismo día una licitación por 2,4 millones de dólares para la compra de neumáticos, en una maniobra que desató un verdadero escándalo político y sindical.
La contradicción es tan brutal como simbólica: se compra equipamiento para un organismo que, según el propio gobierno, ya no tiene razón de existir. ¿Reequipamiento o desguace disfrazado?
La operación fue aprobada por Marcelo Campoy, actual administrador general de Vialidad, el 7 de julio, fecha exacta en la que se publicó el decreto 461/25 que dispone la disolución del organismo. La licitación pública nacional N.º 46-0036-LPU25 autoriza un gasto de casi 2.900 millones de pesos para adquirir neumáticos destinados a una flota que, según denuncian los sindicatos, se encuentra paralizada por completo desde hace meses.
La situación generó una ola de repudios encabezada por el Sindicato de Trabajadores Viales (STV) y la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), que denunciaron públicamente una maniobra irregular y opaca que podría tener como destino final el traspaso de activos públicos al sector privado o a concesionarios viales, en un escenario que revive las peores prácticas de los años 90.
¿Reequipar o saquear?
Esta no es la primera licitación millonaria en medio del vaciamiento. Hace apenas dos semanas, se autorizó otra compra por 3.100 millones de pesos para instalar un sistema de vigilancia con inteligencia artificial y monitoreo satelital en la sede central de Vialidad. Con ambas decisiones, el gobierno de Milei está destinando más de 5 millones de dólares a equipar un organismo que oficialmente está siendo desmantelado.
La dirigente gremial Graciela Aleñá fue contundente: “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Esto está armado para hacer negocios. Mienten con nuestras funciones y desmantelan un área clave para la seguridad vial”. Su advertencia no es menor: el cierre de Vialidad implica no solo despidos masivos, sino la eliminación de áreas técnicas que monitorean, mantienen y proyectan obras en toda la red nacional de rutas.
Por su parte, Fabián Cattanzaro, de Fepevina, sostuvo que “están reequipando una Vialidad que ya está disuelta”, y advirtió que los insumos podrían terminar en manos privadas sin control ni auditoría, violando principios de contratación pública y ética estatal.
Negocios sobre las ruinas del Estado
Lo que aflora detrás de estas compras millonarias no es una simple contradicción administrativa: es un modelo de gestión orientado al desmantelamiento del Estado y a la redistribución de recursos públicos hacia intereses privados, sin transparencia, sin controles y sin rendición de cuentas.
El paralelismo con los años del menemismo no es casual. Vialidad ya había sido vaciada en los 90 mediante un proceso similar: se pavimentaban rutas que luego eran concesionadas, y se justificaban privatizaciones sobre el argumento de eficiencia. Hoy, bajo una retórica de «libertad» y «desregulación», el gobierno de Milei parece reeditar aquel esquema, con un Estado que no solo abandona funciones clave, sino que además gasta millones justo antes de apagar la luz.
Amparo judicial y resistencia gremial
La respuesta sindical no tardó en llegar. Este martes, Aleñá presentó una acción de amparo contra el decreto que ordena la disolución de Vialidad y de otros entes clave. La demanda, radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 23, califica la medida como “ilegal y arbitraria”, y advierte que vulnera derechos laborales, afecta la infraestructura nacional y deja a la sociedad expuesta al deterioro de rutas y a un mayor número de accidentes.
Mientras la Justicia define si frena o no este decreto, la compra millonaria de neumáticos en plena liquidación deja una señal preocupante: el Estado argentino, en manos de la gestión libertaria, parece más interesado en gastar sin control que en garantizar el bien común.
