La OIT avanza hacia el reconocimiento de derechos laborales para repartidores y choferes

La iniciativa, que será sometida a votación en la conferencia anual del organismo, busca establecer estándares internacionales mínimos para un sector caracterizado por la flexibilidad, pero también por la ausencia de garantías laborales tradicionales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio un paso trascendental en uno de los debates laborales más relevantes de la economía digital: el reconocimiento de derechos para millones de trabajadores que prestan servicios a través de plataformas como aplicaciones de reparto y transporte.

El avance del organismo internacional no solo representa una redefinición del trabajo en plataformas a nivel global, sino que también plantea interrogantes sobre el rumbo que adoptan algunos países, entre ellos la Argentina, donde el Gobierno impulsa una regulación que promueve un esquema más cercano al trabajo independiente que al empleo formal.

La propuesta elaborada por la OIT parte de una premisa central: la innovación tecnológica no puede convertirse en un mecanismo para eludir derechos laborales básicos. Bajo esta lógica, el convenio reconoce que cuando una plataforma organiza, controla y remunera el trabajo mediante sistemas digitales, los trabajadores deben acceder a protecciones equivalentes a las que poseen otros asalariados, independientemente de la denominación contractual que se utilice.

Entre los derechos contemplados figuran el acceso a un salario mínimo, la cobertura de seguridad social, la protección frente a accidentes laborales, la negociación colectiva, la libertad sindical y el derecho a una jubilación. La iniciativa también incorpora una cuestión cada vez más relevante en el mundo laboral contemporáneo: la transparencia de los algoritmos que administran tareas, determinan ingresos y condicionan la permanencia de los trabajadores dentro de las aplicaciones.

La regulación propuesta busca limitar uno de los aspectos más cuestionados del modelo de plataformas: la toma de decisiones automatizadas sin supervisión humana ni mecanismos claros de apelación. De prosperar el convenio, los trabajadores tendrán derecho a conocer cómo operan estos sistemas y a solicitar revisiones cuando una decisión algorítmica afecte sus ingresos o continuidad laboral.

El debate trasciende la cuestión tecnológica y expone una disputa más profunda sobre el futuro del trabajo. Durante años, las plataformas digitales construyeron su expansión sobre esquemas de contratación que, en muchos casos, evitaron asumir responsabilidades propias de un empleador tradicional. Este modelo permitió reducir costos operativos y ampliar rápidamente los servicios, pero también generó controversias por la falta de cobertura social y la vulnerabilidad económica de quienes dependen exclusivamente de estas actividades para subsistir.

En la Argentina, la posible aprobación del convenio adquiere una relevancia adicional. La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional incorpora un capítulo específico para trabajadores de plataformas y propone un encuadre que limita su incorporación a la Ley de Contrato de Trabajo. En ese contexto, la futura norma internacional podría transformarse en un elemento de peso dentro de futuras discusiones legislativas y judiciales, especialmente en aquellos casos donde se debata si existe o no una relación laboral encubierta.

Otro aspecto significativo del documento es que evita una mirada binaria entre empleados e independientes. La OIT reconoce la diversidad de modalidades existentes en la economía digital, pero establece que ciertos derechos fundamentales deben garantizarse cualquiera sea la clasificación contractual. Esta perspectiva busca impedir que la flexibilidad laboral se traduzca en una reducción de derechos o en la creación de categorías de trabajadores con menor protección.

La inminente votación en Ginebra marca un punto de inflexión en la regulación internacional del trabajo en plataformas. Más allá de su aplicación concreta en cada país, el convenio envía una señal política clara: el crecimiento de la economía digital no exime a las empresas tecnológicas de asumir responsabilidades laborales y sociales. El desafío ahora será cómo los distintos gobiernos adaptan sus marcos normativos frente a una tendencia global que busca equilibrar innovación, productividad y derechos laborales.