Dulce persecución: denuncian que Bagley realiza despidos selectivos contra trabajadores con actividad sindical
En el marco de una crisis creciente en el sector alimenticio, que ya provocó duros enfrentamientos gremiales con empresas como Georgalos y Molinos Río de la Plata, la compañía Bagley se convirtió en el nuevo foco de tensión.
El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) denunció que la firma está despidiendo sin causa a personal con roles gremiales activos, lo que podría configurar una grave violación a la libertad sindical protegida por la legislación laboral argentina.
El hecho que desató la denuncia fue el despido de Sergio Montivero, trabajador con 18 años de antigüedad en la planta de Villa Mercedes, San Luis, y con participación gremial. Montivero acababa de reincorporarse tras una licencia médica cuando fue desvinculado sin explicaciones formales. Según el STIA, su caso no es aislado: la empresa estaría ejecutando una política de persecución sindical sistemática.
Una estrategia de disciplinamiento encubierto
En una carta enviada a la empresa, el sindicato liderado por Rodolfo Daer –ex secretario general de la CGT y hermano del actual cotitular de la central obrera, Héctor Daer– detalla una serie de casos recientes que confirmarían una estrategia de disciplinamiento laboral encubierta. Entre ellos, menciona:
La desvinculación de una ex delegada por la aplicación del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el marco de una presunta incapacidad laboral.
►El cambio arbitrario de puesto de otro ex delegado sin justificación.
►El envío de cartas documento intimidatorias a delegados activos.
►El pedido de desafuero sindical a un representante legalmente protegido.
La negación sistemática del acceso a puestos clave, como el de maquinista, a delegados reconocidos por la empresa.
Según el gremio, estos hechos constituyen “una actitud discriminatoria sostenida en el tiempo”, orientada a desarticular cualquier forma de organización sindical dentro de la planta.
Un patrón que se repite
La situación en Bagley no es un caso aislado. En Georgalos, el sindicato también denunció recientemente despidos arbitrarios, reducción salarial y la eliminación unilateral de bonos pactados, con protestas que incluyeron cortes en la autopista Panamericana. La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero la empresa no reincorporó a los despedidos, incumpliendo la resolución sin consecuencias hasta el momento.
Georgalos, por su parte, emitió un comunicado en el que intentó justificar los despidos con acusaciones vagamente formuladas, alegando que los trabajadores habrían incurrido en “conductas que pusieron en riesgo la planta y su personal”, aunque sin presentar pruebas públicas. El texto también desacredita los reclamos gremiales al calificarlos como “una maniobra para disfrazar hechos delictivos”.
Libertad sindical en jaque
Lo que está en juego no son simplemente contratos laborales individuales, sino el derecho constitucional a la representación y defensa colectiva. Las denuncias del STIA se inscriben en un contexto más amplio de fragilización de derechos laborales que, bajo el actual gobierno nacional, ha ganado espacio discursivo y político.
El riesgo es claro: si las empresas despiden impunemente a quienes participan de la vida sindical, se rompe el equilibrio básico que garantiza relaciones laborales justas. El silenciamiento de los delegados no solo deteriora la democracia en los lugares de trabajo, sino que también allana el camino para medidas más lesivas que afecten a todos los trabajadores.
La pregunta es si las autoridades del Ministerio de Trabajo están dispuestas a intervenir con la firmeza que exige la ley o si optarán, como en otros conflictos recientes, por mirar hacia otro lado mientras se socava un pilar fundamental del sistema laboral argentino. Porque cuando se castiga a quienes defienden derechos, lo que se erosiona no es solo una organización gremial: se debilita el derecho de todos los trabajadores a ser escuchados.
