Denuncian despidos a trabajadores de la multinacional Air Liquide
El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate sostiene que, tras las desvinculaciones, la empresa mantiene la producción con personal fuera de convenio y en una dotación insuficiente, una situación que, según denuncia, fue verificada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
La decisión de la multinacional francesa Air Liquide de despedir a 15 trabajadores en su planta de Campana abrió un nuevo frente de conflicto laboral y puso en el centro del debate las condiciones de seguridad con las que opera una industria que manipula sustancias de alto riesgo.
El episodio, ocurrido el pasado 23 de junio, no solo generó un fuerte rechazo sindical por la pérdida de puestos de trabajo, sino también por la forma en que se desarrolló el procedimiento.
De acuerdo con el gremio, los operarios que habían iniciado su turno fueron retirados de la planta por personal de seguridad privada sin poder completar las tareas necesarias para dejar las instalaciones en condiciones seguras de funcionamiento. Además, denunciaron que los accesos fueron cerrados con candados y que las comunicaciones de despido se realizaron de manera verbal, sin la documentación correspondiente.
La organización sindical sostiene que la empresa dejó áreas estratégicas prácticamente sin personal especializado. Sectores como laboratorio, mantenimiento, electricidad, mecánica, instrumentación y balanza habrían quedado sin trabajadores convencionados, mientras que la operación de la planta continuaría a cargo de empleados que no cuentan con la experiencia específica para manipular productos como hidrógeno, nitrógeno y amoníaco, materiales que requieren estrictos protocolos de seguridad.
El conflicto trasciende el plano estrictamente laboral. Para el sindicato, la reducción del personal podría comprometer las condiciones operativas de una planta cuya actividad involucra procesos industriales de alta complejidad.
Entre las principales preocupaciones figura la continuidad del despacho de dióxido de carbono utilizado por la industria de bebidas sin los controles habituales de laboratorio, además del riesgo potencial que implicaría una eventual falla en instalaciones cercanas a una destilería, donde una fuga de amoníaco podría afectar no solo a los trabajadores sino también a la comunidad de la zona.
Desde una perspectiva más amplia, el caso vuelve a exponer la tensión entre las estrategias empresariales orientadas a reducir costos y las demandas sindicales por preservar el empleo y garantizar condiciones seguras de producción. Para los representantes gremiales, cuando las reestructuraciones alcanzan plantas que manipulan sustancias peligrosas, el debate deja de ser exclusivamente laboral para convertirse también en una cuestión de seguridad industrial y de interés público.
Mientras tanto, el Sindicato Químico declaró el estado de alerta y movilización, instaló un acampe frente a la planta y reclama la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos.
Al mismo tiempo, exige la intervención de las autoridades laborales para garantizar que la actividad continúe bajo condiciones que no representen riesgos para los empleados ni para la población que habita en las inmediaciones del establecimiento.
