Atucha: gremios denuncian despidos selectivos, persecución a delegados y un fuerte deterioro salarial
Una masiva movilización encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras organizaciones gremiales del sector nuclear sacudió la localidad bonaerense de Lima. Los manifestantes, pertenecientes al Complejo Nuclear Atucha, alzaron su voz contra los despidos que consideran persecutorios, el congelamiento salarial y las decisiones del presidente Javier Milei que, según denuncian, ponen en riesgo la soberanía energética del país.
El conflicto, que inició como un reclamo por la pérdida del poder adquisitivo, se agravó tras la desvinculación de Mariano Saleh, un delegado sindical con 14 años de antigüedad en la planta. Los trabajadores aseguran que su despido tuvo un trasfondo político y denuncian un clima de «vigilancia y persecución» dentro del complejo, con medidas restrictivas que limitan la actividad gremial y buscan silenciar las críticas a las condiciones laborales y operativas.
Freno a un proyecto estratégico y temor a la privatización
Uno de los focos del malestar es la paralización del reactor CAREM-25, un proyecto de diseño y desarrollo argentino que ya contaba con un avance del 80%. La administración actual decidió suspenderlo por considerarlo «económicamente inviable», una decisión que ha generado una fuerte conmoción entre los profesionales y técnicos que lo veían como un emblema de la ciencia y la tecnología nacional.
Los sindicatos advierten que esta paralización coincide con movimientos administrativos que podrían facilitar la entrada de capital privado para evaluar los activos de la empresa. Esta situación, sumada a la pérdida sostenida del poder de compra de los salarios y a la falta de diálogo, alimenta el temor a una futura privatización del sector nuclear estatal.
Apoyo multisectorial y acusaciones de «disciplinamiento»
La protesta contó con un amplio respaldo. Además de los trabajadores de Nucleoeléctrica Argentina y la Comisión Nacional de Energía Atómica, se sumaron representantes del Sindicato Luz y Fuerza de Zárate, profesionales nucleares, y delegaciones de otras entidades como el Hospital Garrahan y SUTEBA Tigre.
El exdelegado Mariano Saleh, una de las figuras centrales del conflicto, afirmó que su despido es una represalia por sus críticas a la política energética del Gobierno. «No puede ser que me echen por dos tuits. Están usando el aparato del Estado para atacarme», declaró. Saleh denunció que la empresa incluso recurrió a medidas judiciales para impedirle el ingreso a la planta, un hecho que él califica como parte de una «estrategia más amplia de disciplinamiento sindical».
El trabajador rechazó tajantemente las acusaciones que intentan vincularlo con un riesgo para la seguridad nuclear y aseguró que el verdadero objetivo de estas denuncias es desalentar la organización gremial y el disenso frente al rumbo actual de la industria nuclear argentina.
