Kast impulsa en el Senado una controvertida reforma constitucional que amplía poderes y restringe derechos

El gobierno de José Antonio Kast avanza en el Senado con una reforma constitucional que busca fortalecer el control estatal frente al crimen organizado, incluyendo la creación de un estado de excepción de seguridad pública que limitaría derechos fundamentales

El viernes 17 de agosto, el Ejecutivo chileno presentó en el Senado un proyecto de reforma constitucional con ocho modificaciones destinadas a dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar la ola de criminalidad y terrorismo. Entre las iniciativas destaca la creación de un nuevo estado de excepción denominado de seguridad pública, que permitiría al Presidente declarar zonas bajo esta modalidad sin la necesidad de autorización del Congreso por hasta ocho meses.

Este mecanismo, en la práctica, conferiría al Presidente amplias facultades para restringir derechos civiles como la reunión, la libertad personal —incluyendo detenciones sin orden judicial—, la movilidad y la asociación. También facultaría a intervenir comunicaciones, incluyendo aquellas realizadas por internet, y a requisar bienes, afectando la propiedad privada. Todo ello durante un período en el cual el gobierno justifica que la autoridad central puede actuar con menos controles democráticos.

El proyecto forma parte de la conocida Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), y fue ingresado con carácter de urgencia, estableciendo un plazo de 15 días para su discusión en el Congreso, en medio de un contexto político sumamente tenso y con próximas elecciones.

Entre las ocho reformas propuestas, destacan:

• Ampliación del concepto de «seguridad pública» en la Constitución, considerándola un deber del Estado.
• Creación del artículo 9° bis, que reconoce constitucionalmente la protección frente al crimen organizado, incluyendo consecuencias como inhabilitaciones perpetuas para cargos públicos y restricciones en las condiciones penitenciarias.
• Posibilidad de que una ley establezca registros de organizaciones criminales para efectos penales.
• Facultad del Presidente para declarar organizaciones terroristas o de crimen organizado, previa investigación y con aprobación del Senado en sesión secreta por dos tercios.
• Ampliación de las causales para declarar el estado de calamidad pública, incluyendo amenazas graves e inminentes a la seguridad pública.
• La creación del Estado de excepción de seguridad pública, que puede mantenerse por hasta ocho meses y permitir restricciones de derechos esenciales, sin autorización previa del Congreso.
• Poder del Presidente para suspender o restringir libertades, derechos de reunión, asociación, e intervenir comunicaciones durante el estado de excepción.
• Requisitos para que el Senado apruebe o rechace por dos tercios la declaración de organizaciones terroristas o criminales, en sesión secreta y sin posibilidad de modificaciones.
• Con esta iniciativa, Kast busca fortalecer el control territorial y acelerar la respuesta estatal frente a la delincuencia, pero críticos advierten que estas medidas amenazan derechos fundamentales y podrían profundizar el poder del Ejecutivo en detrimento del equilibrio democrático. La discusión y aprobación de la reforma definirán el rumbo en materia de seguridad y garantías constitucionales en Chile.