La UE avala la devolución de migrantes en Ceuta y expone un doble estándar que roza el racismo
La Comisión Europea respaldó la decisión de España de devolver a Marruecos a las personas que permanecen en situación irregular en Ceuta, incluidos menores no acompañados, tras la llegada masiva de migrantes registrada a fines de julio.
El aval europeo, presentado como una medida amparada por la normativa comunitaria, abre un debate incómodo sobre los criterios con los que Europa aborda los movimientos migratorios y permite establecer un paralelismo con las campañas mediáticas que han señalado a la Argentina de un país racista, hecho que surgió después del Mundial 2026.
El portavoz de la Comisión Europea, Markus Lammert, sostuvo que las autoridades españolas y marroquíes deben garantizar el retorno de quienes permanezcan irregularmente en territorio ceutí y remarcó que las devoluciones están contempladas por la legislación de la Unión Europea. La normativa, según explicó, también alcanza a los menores migrantes que llegan sin acompañamiento familiar.
El dato resulta especialmente sensible: España calculaba unos 5.000 migrantes en situación irregular en Ceuta, de los cuales alrededor de 1.898 serían menores. Las autoridades españolas anunciaron que serán devueltos a sus países de origen y descartaron su traslado a la península, mientras Marruecos manifestó su disposición a colaborar con el proceso.
La dimensión de la medida adquiere mayor relevancia si se la observa desde una perspectiva política y de derechos humanos. Europa suele presentarse ante el mundo como una referencia en materia de democracia, libertades y protección de derechos, pero cuando se trata de migrantes provenientes principalmente de África, sus políticas pueden adoptar un tono mucho más restrictivo. Que entre los alcanzados por las devoluciones haya menores no acompañados expone una contradicción difícil de ignorar y, como mínimo, permite cuestionar una política que roza criterios discriminatorios.
El paralelismo con la denominada “campaña antiargentina” también merece ser planteado desde esa perspectiva. Durante décadas, distintos sectores denunciaron que determinados intereses internacionales construyeron sobre la Argentina relatos destinados a instalar una imagen negativa del país y de su sociedad. Sin embargo, el comportamiento de algunas instituciones europeas frente a los migrantes revela que los estándares con los que se juzga a otros países no siempre parecen aplicarse con la misma intensidad puertas adentro.
La Comisión Europea, además, anunció que profundizará las políticas de prevención y disuasión, con colaboración de plataformas digitales y verificadores de información para combatir a las redes dedicadas al tráfico de personas y la difusión de desinformación. También respaldó el trabajo de España en el control de sus fronteras y dejó abierta la posibilidad de reforzar la cooperación mediante Frontex y Europol.
Según el Gobierno español, unas 72.000 personas ingresaron a Ceuta el 30 de julio y la gran mayoría ya fue devuelta a Marruecos. El número y la magnitud del operativo explican la preocupación de las autoridades, pero no eliminan la discusión de fondo: cuando una política migratoria convierte a miles de personas, incluidos niños, en un problema de seguridad que debe ser rápidamente expulsado, Europa deja al descubierto una tensión entre el discurso universalista que proclama y las prácticas que aplica en sus propias fronteras.
El debate, por lo tanto, excede la cuestión migratoria. La pregunta es si la defensa de los derechos humanos puede ser verdaderamente universal o si, dependiendo del origen y del color de piel de quienes llegan a las fronteras europeas, esos mismos principios terminan aplicándose con distinta vara. En ese punto, la política de devoluciones de Ceuta merece ser observada críticamente porque puede terminar reproduciendo una lógica de exclusión que, por sus características, roza el racismo.
