El espejismo del ahorro: Sturzenegger infla cifras para justificar despidos masivos en el Estado
El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado liderado por Federico Sturzenegger, presentó esta semana un informe en el que se celebran los casi 48.000 despidos en el sector público como una muestra de «eficiencia» administrativa.
Sin embargo, el documento oficial revela un dato que desató polémica y que pone en tela de juicio la rigurosidad del análisis económico oficial: el cálculo que sugiere que el salario promedio de un empleado estatal rondaría los $3.700.000 por mes.
Según el informe, este número surge del ahorro estimado de US$1.885 millones anuales producto de la reducción del 9,6% del empleo público, que se traduce en unos 47.925 trabajadores desvinculados entre diciembre de 2023 y abril de 2025.
La conversión de ese monto en dólares a pesos —a un tipo de cambio oficial de $1.160— y su prorrateo mensual arrojan una cifra alarmantemente superior a los sueldos reales promedio que se manejan en la administración pública nacional.
Un salario promedio inflado y distorsionado
Aunque el mismo informe admite que el salario promedio sería en realidad de $1.850.000, lo duplica arbitrariamente bajo el argumento de que los costos laborales incluyen “infraestructura, mobiliario, tecnología, insumos y servicios”. Este razonamiento, que mezcla sueldos con gastos operativos, genera una confusión intencional y desdibuja el verdadero objetivo del recorte: reducir el tamaño del Estado a cualquier costo, sin evaluar el impacto social ni económico de las decisiones.
Este tipo de cálculo no solo carece de transparencia contable, sino que presenta un análisis sesgado que convierte los costos asociados al funcionamiento estatal en una excusa para seguir desmontando estructuras públicas. La lectura implícita que propone el informe es que tener empleados públicos es un lujo ineficiente, cuando en realidad se trata de garantizar servicios esenciales para millones de ciudadanos.
Despidos masivos, pero ¿a qué precio?
El reporte también intenta justificar la ofensiva sobre el empleo estatal mostrando supuestos «ahorros» diferenciados según tipo de contrato. Los más afectados fueron los trabajadores bajo la Ley Marco y los contratos LOYS (monotributistas estatales), con recortes de hasta el 55%. Sin embargo, más allá del ajuste contable, se ignora el efecto multiplicador negativo que estos despidos generan en el consumo, la recaudación fiscal y el funcionamiento de áreas estratégicas.
Además, el estudio omite evaluar el costo humano y social de estas medidas: familias sin ingresos, mayor informalidad laboral, precarización y una caída del poder adquisitivo que repercute en toda la economía. La lógica de “achicar el Estado para que entre en una moto” no contempla el impacto en salud, educación, ciencia o políticas sociales.
Un enfoque ideológico antes que técnico
La obsesión del Gobierno por mostrar que cada trabajador despedido representa un “gasto” excesivo se inserta en una narrativa profundamente ideológica. En lugar de analizar con rigurosidad qué áreas necesitan modernización o eficiencia, se impone una lógica privatizadora y punitiva que criminaliza el empleo público.
Los datos presentados por Sturzenegger reflejan más una voluntad de instalar un relato que de ofrecer un diagnóstico serio. En nombre del ahorro, se invisibiliza la función social del Estado y se empobrece el debate sobre cómo debe organizarse un aparato público que sea eficiente, pero también justo e inclusivo.
El informe del Gobierno sobre la reducción del empleo público no es más que un instrumento propagandístico con cifras infladas y criterios arbitrarios. En lugar de un verdadero plan de racionalización del gasto, se promueve un ajuste ciego que golpea a los sectores más vulnerables y pone en riesgo el funcionamiento del Estado. La eficiencia no puede medirse solo en dólares: también debe medirse en derechos garantizados y en servicios públicos de calidad.
