Revés judicial al ajuste: la CTA frena el recorte de medicamentos gratuitos del PAMI
La pregunta que queda abierta es si el Ejecutivo tomará nota del mensaje o si insistirá en una lógica de austeridad que, más allá de los números macroeconómicos, desgasta el entramado social y pone en riesgo derechos fundamentales.
En una decisión que marca un punto de inflexión en la resistencia al ajuste del gobierno nacional, la Justicia Federal de Mendoza suspendió dos resoluciones del PAMI que restringían el acceso a medicamentos gratuitos para jubiladas y jubilados.
El fallo, impulsado por la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T), constituye un duro golpe a la política de recortes en salud impulsada por la administración de Javier Milei.
El ajuste, frenado por la vía judicial
El Juzgado Federal N.°2 de Mendoza hizo lugar a una medida cautelar presentada por ambas centrales sindicales y dejó sin efecto las resoluciones 2431 y 2537/2024, que habían sido implementadas por el PAMI con el objetivo de acotar el universo de beneficiarios del vademécum gratuito. La Justicia consideró que las disposiciones resultaban «arbitrarias» y «regresivas», vulnerando principios constitucionales de progresividad en materia de derechos sociales.
Según el fallo, las medidas “atentan contra derechos adquiridos” de los adultos mayores y desoyen los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos. El acceso a la salud, en particular para los sectores más vulnerables, no puede estar supeditado a criterios de rentabilidad ni a políticas de austeridad extrema.
Sindicatos como actores colectivos de defensa
Tanto la CTA-A como la CTA-T destacaron que la medida no solo beneficia a sus afiliados, sino que restablece el carácter colectivo de la defensa de derechos sociales, en un contexto donde los gremios enfrentan un gobierno que ha buscado reducir su influencia institucional y deslegitimar su rol.
«Este fallo representa un reconocimiento por parte de la Justicia a un derecho del que fueron brutalmente despojados los jubilados por parte del gobierno de Milei», expresaron los secretarios generales Hugo Godoy y Hugo Yasky en un comunicado conjunto. También recordaron que el PAMI “no puede comportarse como una empresa que administra beneficios según la lógica del recorte”, sino que debe garantizar el acceso universal a tratamientos médicos esenciales.
El costo humano del ajuste
Desde el comienzo de su gestión, el gobierno libertario ha encarado una política de ajuste estructural, con impacto directo sobre los sectores más vulnerables: jubilados, beneficiarios de programas sociales, estudiantes y trabajadores. La reducción del gasto público ha sido presentada como una medida necesaria para ordenar las cuentas del Estado, pero sus consecuencias en términos sociales han comenzado a generar resistencia política, judicial y sindical.
En este caso, el intento de restringir el acceso gratuito a medicamentos afectaba a una población con ingresos fijos, muchas veces por debajo de la línea de pobreza, y con una alta carga de enfermedades crónicas. La judicialización del reclamo revela el vacío de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales y sindicales, y refuerza la percepción de que los adultos mayores han sido desprotegidos por la gestión actual.
Una advertencia política y social
La suspensión judicial de las resoluciones del PAMI no es solo un fallo técnico: es una advertencia sobre los límites del ajuste, especialmente cuando se pisan derechos sociales adquiridos. La presión social y gremial, sumada al recurso legal, logró frenar momentáneamente una política que se percibía como una profundización de la exclusión.
En un contexto de creciente tensión entre el gobierno y distintos sectores de la sociedad civil, este fallo puede sentar un precedente relevante para futuros intentos de recorte en áreas sensibles como la salud, la educación o la seguridad social.
