El ajuste en salud: despidos y señales de vaciamiento ponen en riesgo el Programa de Cardiopatías Congénitas
Más allá de las negaciones oficiales, el conflicto en torno al Programa de Cardiopatías Congénitas revela una tensión central del modelo de recorte: cuando la lógica del ahorro se aplica a políticas sanitarias esenciales, el riesgo no es abstracto ni futuro, sino inmediato y humano. En este caso, la discusión excede la eficiencia administrativa y se instala de lleno en el terreno del derecho a la vida y a la salud de los niños más vulnerables del país.
Pese a negar oficialmente el desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), las decisiones adoptadas por el Gobierno de Javier Milei en el área de Salud abrieron un fuerte debate sobre el impacto real del ajuste en una de las políticas públicas más sensibles del sistema sanitario.
Los despidos de profesionales especializados y la posterior renuncia del resto del equipo técnico exponen una contradicción entre el discurso oficial y las consecuencias concretas sobre la atención de miles de niños.
El PNCC, creado en 2008 y fortalecido por la Ley 27.713 en 2023, fue clave para reducir de manera significativa la mortalidad infantil asociada a malformaciones cardíacas. En un país donde nacen alrededor de 7.000 niños por año con cardiopatías congénitas y cerca de la mitad requiere cirugía durante el primer año de vida, la continuidad y coordinación del programa resultan determinantes. La red federal de derivación permitió, durante años, garantizar cirugías oportunas y seguimiento médico sin importar la provincia de origen.
Sin embargo, la Federación Argentina de Cardiología advirtió que la desvinculación de personal especializado no solo implica una reducción administrativa, sino la pérdida de experiencia acumulada y de capacidad operativa. Desde esta perspectiva, el problema no es únicamente cuántos empleados tiene el programa, sino qué funciones cumplen y qué efectos genera su salida en una estructura altamente técnica.
El Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, defendió los despidos al argumentar una supuesta sobrepoblación de personal y un bajo volumen de actividad diaria. No obstante, este razonamiento es cuestionado por especialistas y familias, que sostienen que medir un programa sanitario complejo con criterios cuantitativos simplificados invisibiliza su verdadera función: articular derivaciones, sostener una red nacional y responder a urgencias vitales que no admiten demoras.
Desde organizaciones de familiares y ex integrantes del PNCC, la renuncia colectiva fue presentada como un acto de resistencia frente al vaciamiento de una política de Estado. Advierten que la fragmentación del equipo técnico puede derivar en retrasos en diagnósticos, cirugías postergadas y, en el peor de los casos, un aumento de la mortalidad infantil. De hecho, ya se registran listas de espera que no existían al inicio de la actual gestión.
El trasfondo político también resulta ineludible. Milei había rechazado en el Congreso la ley que dio respaldo legal al PNCC, bajo el argumento de que implicaba mayor gasto y presencia estatal. Hoy, como presidente, sus decisiones parecen alinearse con aquella postura ideológica, aun cuando los efectos recaen directamente sobre un sector que difícilmente pueda absorber el costo del ajuste.
