El Gobierno prepara una nueva recomposición salarial para militares y fuerzas de seguridad
La medida fue discutida en una reunión de la mesa política de Balcarce 50, encabezada por Karina Milei, y podría anunciarse en los próximos días, aunque todavía no se conocen los porcentajes ni los montos definitivos.
El Gobierno de Javier Milei analiza otorgar una nueva recomposición salarial a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad, en un contexto marcado por el deterioro de los ingresos y los reclamos por la pérdida de poder adquisitivo.
La discusión salarial alcanzó a las tres Fuerzas Armadas y a los organismos federales de seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad, actualmente conducido por Alejandra Monteoliva. De acuerdo con fuentes oficiales, una parte importante del personal quedó por debajo de la evolución de los precios, situación que profundizó el malestar y llevó a algunos efectivos a buscar ingresos adicionales mediante otros empleos.
El escenario se agravó luego de que a comienzos de año quedaran postergadas algunas cuotas de jerarquización salarial implementadas durante la administración anterior. El nuevo aumento aparece así como un intento del Ejecutivo por contener el deterioro de los haberes y recomponer parcialmente los ingresos de sectores considerados estratégicos para el Estado.
La eventual suba se sumaría a las medidas adoptadas recientemente para mejorar la remuneración del personal militar. Entre ellas figuran la ampliación de los suplementos por títulos universitarios y el otorgamiento de bonificaciones extraordinarias tras distintos reclamos salariales.
La definición del nuevo incremento fue abordada por la conducción política del Gobierno, con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; Martín y Lule Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y la senadora Patricia Bullrich.
Aunque todavía resta conocer el alcance concreto de la recomposición, la decisión refleja la presión creciente sobre el Ejecutivo para atender el deterioro de los salarios públicos. Para la Casa Rosada, el desafío será determinar si el nuevo aumento alcanza para recuperar parte del poder adquisitivo perdido o si se trata, una vez más, de una recomposición parcial frente a una inflación que continúa condicionando los ingresos.
