Axel Kicillof negó que la funcionaria detenida por una presunta estafa forme parte de su Gobierno
En medio de la repercusión política del caso, Kicillof buscó marcar distancia y evitar que la detención de Mangini sea asociada con su gestión. La Justicia, por su parte, continuará con el análisis de las pruebas reunidas para establecer cómo habría funcionado la estructura investigada y quiénes serían los responsables de la operatoria.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof salió a despejar cualquier vínculo entre su administración y Albertina Mangini, detenida en el marco de una investigación por una presunta millonaria maniobra de fraude, lavado de activos y utilización ilegal de datos personales. El mandatario aclaró que la mujer es empleada del Poder Judicial de la provincia y que nunca tuvo relación laboral con el Ministerio de Justicia bonaerense.
Mangini, abogada e integrante de la Procuración General de la provincia, fue arrestada por orden de la fiscal Betina Lacki, de la UFI N°2 de La Plata, que investiga una presunta asociación ilícita que habría utilizado identidades y datos biométricos de terceros para crear cuentas en billeteras virtuales y canalizar fondos provenientes del juego clandestino. La causa contempla acusaciones por defraudación mediante el uso indebido de información digital y lavado de activos, agravadas por la presunta habitualidad de las operaciones y la condición de funcionaria pública de una de las involucradas.
La investigación también derivó en las detenciones de Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes, además de una serie de allanamientos realizados en La Plata y Córdoba. Según la pesquisa, el circuito financiero investigado podría involucrar unos $27.000 millones. Durante los procedimientos fueron secuestradas importantes sumas de dinero en efectivo y un automóvil BMW, mientras los investigadores avanzan sobre documentación y otros elementos para reconstruir el recorrido de los fondos y determinar el grado de participación de cada sospechoso.
El expediente también presenta conexiones con otras investigaciones relacionadas con movimientos financieros y el ámbito del fútbol, debido a que uno de los acusados habría sido mencionado en una causa vinculada con una financiera relacionada con el entorno de Claudio “Chiqui” Tapia. Mangini y Perrota optaron por no declarar ante la Justicia, mientras que Marchioni sostuvo que su actividad comercial estaba vinculada al “corretaje y las inversiones”.
