Diputados: la oposición busca blindar al Garrahan y a las universidades frente al ajuste del Gobierno
Este martes, distintas bancadas opositoras buscarán avanzar con dictámenes de comisión para declarar la emergencia del Garrahan y aumentar los fondos universitarios, en un intento de fijar prioridades sociales que el oficialismo parece decidido a recortar.
En medio de una crisis creciente en el sistema de salud y la educación pública, la oposición en la Cámara de Diputados vuelve a tomar la iniciativa para garantizar recursos al hospital Garrahan y a las universidades nacionales, desafiando abiertamente la resistencia del Gobierno de Javier Milei.
La estrategia es clara: sancionar las iniciativas en la primera semana de agosto, tras el receso invernal, y forzar el apoyo de dos tercios para que, ante un eventual veto presidencial, el Congreso pueda insistir y convertirlas en ley. En los hechos, la oposición busca construir una mayoría transversal, que ya empezó a evidenciarse en las últimas votaciones, donde legisladores aliados al propio oficialismo respaldaron los emplazamientos para tratar estos proyectos.
Los números reflejan la soledad del Gobierno en este tema: el emplazamiento para debatir la emergencia del Garrahan salió con 164 votos a favor y 66 en contra, mientras que el vinculado a universidades reunió 168 votos positivos contra 61. Incluso diputados del PRO, de la UCR e integrantes de bloques libertarios se alinearon con la oposición, una señal de advertencia sobre el costo político de sostener el ajuste en áreas tan sensibles.
El hospital Garrahan, emblema de la atención pediátrica de alta complejidad, arrastra desde hace meses graves problemas de financiamiento, sumados a reclamos salariales de residentes y profesionales que denuncian condiciones laborales insostenibles. El dictamen que se discutirá en comisión exige recomponer los salarios del personal de salud al nivel real de noviembre de 2023, además de garantizar la continuidad de las residencias médicas y la cobertura de especialidades críticas.
En el mismo sentido, la situación universitaria es alarmante. Con salarios docentes pulverizados por la inflación y presupuestos congelados, la oposición impulsa un proyecto que fija un piso del 1% del PBI para el financiamiento universitario en 2026, con suba progresiva al 1,5% en 2031, y crea un fondo específico para carreras estratégicas. También establece la obligación de convocar paritarias cada tres meses y actualizar automáticamente los sueldos según inflación, para frenar el deterioro del poder adquisitivo del personal docente y no docente.
El trasfondo de esta avanzada parlamentaria es claro: frente a un Gobierno que promueve el recorte de recursos en nombre del déficit cero, amplios sectores políticos advierten que la salud infantil y la educación superior no pueden ser la variable de ajuste. Incluso dentro de la coalición oficialista aparecen fisuras, como se vio con votos libertarios que se volcaron a respaldar los emplazamientos.
En definitiva, la pulseada que se abre en Diputados no es meramente presupuestaria: es un debate de fondo sobre el rol del Estado y sus prioridades. ¿Puede la Argentina tolerar que el hospital pediátrico más emblemático funcione a media máquina? ¿Está dispuesta la sociedad a resignar la universidad pública como un motor de movilidad social y desarrollo?
La oposición parece dispuesta a dar esa discusión de frente, aun al precio de tensar el vínculo con el Ejecutivo. El Gobierno, por su parte, queda ante un dilema: aceptar un respaldo presupuestario para instituciones claves o profundizar el ajuste y enfrentar el riesgo político —y social— de recortar derechos básicos que históricamente vertebraron la identidad argentina.
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