CNEA: más de 300 trabajadores quedaron en la calle
La discusión ya no se limita al número de despidos, sino que alcanza el modelo de Estado y el papel que tendrá la ciencia argentina en los próximos años.
La desvinculación de cerca de un centenar de trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), cifra que los gremios elevan a aproximadamente 170 si se suman los casos registrados en Bariloche, volvió a colocar en el centro de la escena los alcances del plan de reducción del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La medida, que coincidió con la reciente reorganización del Gabinete nacional, generó protestas, ocupaciones pacíficas y un fuerte debate sobre las consecuencias que podría tener para uno de los sectores estratégicos de la ciencia y la tecnología argentina.
La decisión impactó tanto en la sede central de la CNEA, ubicada en el barrio porteño de Núñez, como en el Centro Atómico Bariloche. Los trabajadores afectados recibieron las notificaciones de finalización de sus contratos mediante correos electrónicos y cartas documento, concretando así un proceso de ajuste que venía siendo denunciado por los sindicatos desde semanas atrás.
La reacción no tardó en llegar. Empleados y representantes gremiales realizaron una permanencia pacífica en las instalaciones del organismo en defensa de las fuentes laborales, medida que posteriormente fue desalojada por efectivos de la Gendarmería Nacional. La presencia de fuerzas de seguridad en un organismo vinculado al desarrollo científico y tecnológico profundizó la tensión política y sindical alrededor del conflicto.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron duramente las cesantías y señalaron que los despidos afectan a profesionales altamente capacitados, investigadores, técnicos y especialistas que desempeñan funciones consideradas esenciales para el sostenimiento de proyectos nucleares estratégicos. Para el gremio, la reducción de personal forma parte de una política de achicamiento que podría comprometer capacidades acumuladas durante décadas.
El conflicto también abrió una discusión más amplia sobre el rumbo de la política nuclear argentina. Diversos referentes del sector advirtieron que la reducción de recursos humanos contradice los objetivos oficiales de fortalecer la capacidad exportadora y tecnológica de la industria nuclear nacional. Entre las voces críticas se destacó la de la ex presidenta de la CNEA y actual diputada nacional, Adriana Serquis, quien calificó las desvinculaciones como una decisión injustificada y alertó sobre el riesgo de debilitar áreas clave para el desarrollo científico del país.
La controversia adquiere mayor relevancia porque se produce apenas semanas después de la presentación de los nuevos lineamientos de la política nuclear argentina, que plantean como metas la expansión de las exportaciones de tecnología de alto valor agregado y la preservación de capacidades estratégicas. Para sectores opositores y especialistas, alcanzar esos objetivos resulta difícil si paralelamente se reduce la dotación de personal técnico y científico.
Más allá de la discusión puntual sobre la CNEA, el episodio se inscribe dentro de la estrategia de ajuste de la administración nacional. Los sindicatos sostienen que desde el inicio de la gestión se eliminaron decenas de miles de puestos de trabajo en distintas áreas del Estado. En el caso específico del organismo nuclear, denuncian que la planta de trabajadores se redujo significativamente en los últimos meses, alimentando las preocupaciones sobre la continuidad de proyectos vinculados a investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
El conflicto deja expuesta una tensión de fondo que atraviesa la gestión libertaria: la búsqueda de reducir el gasto público mediante la disminución de estructuras estatales frente a las advertencias de científicos, técnicos y gremios sobre el impacto que esas medidas podrían tener en sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
