Corrupción, abandono y extorsión: el escándalo en PAMI desnuda el uso partidario de un sistema en crisis

La investigación judicial está en curso, pero el daño ya está hecho. El escándalo del PAMI no es solo una denuncia penal: es una advertencia institucional. El uso partidario del Estado, la precarización de la gestión pública y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno no son errores de juventud ni tropiezos administrativos. Son elecciones políticas. Y como tales, tienen consecuencias.

El organismo que debería garantizar salud y dignidad a millones de jubilados argentinos se convirtió en el escenario de uno de los escándalos más graves de la era libertaria. Las denuncias por corrupción, abandono, extorsiones internas y uso partidario de los recursos públicos en el PAMI revelan una trama de desidia estructural, improvisación política y codicia que alcanza los niveles más altos de la gestión.

Lo que hasta hace semanas eran rumores de pasillo ahora toma forma judicial y mediática: exfuncionarios del propio PAMI aseguran que hubo presiones sistemáticas para financiar a La Libertad Avanza (LLA) con dinero del organismo, se hicieron designaciones a dedo de personas sin formación, y lo más grave, se produjeron muertes evitables en geriátricos bajo convenio estatal.

La figura de Sebastián Pareja, operador político clave del oficialismo y hombre de extrema confianza de Karina Milei, emerge como epicentro de la red de influencias, consignó C5N. Según los denunciantes, Pareja no solo articulaba las designaciones en distintas UGL, sino que también supervisaba una maquinaria de aportes obligatorios disfrazados de «contribuciones militantes». Una práctica tan vieja como la política, pero ejecutada esta vez bajo la retórica de “la nueva casta”.

La gravedad de los hechos alcanza ribetes propios de una novela de espionaje barato: instrucciones por Telegram con mensajes que se autodestruyen, recolectas de dinero en cafés públicos de La Plata, amenazas a empleados que intentaban auditar internamente, y documentos sensibles desapareciendo de oficinas antes de cualquier revisión formal. Todo esto mientras el Estado —en su rol más vulnerable— abandonaba a personas mayores, en condiciones de fragilidad extrema, a su suerte.

Uno de los relatos más contundentes es el de Raúl Carlos Simonetto, exdirector de la Unidad de Gestión Local VII, quien describió un sistema en donde la función pública era solo una excusa para la recaudación política. Junto a Viviana Aguirre, denunció que parte de su sueldo debía ser entregado mensualmente a referentes del espacio libertario, y que había gerencias donde los nombramientos se decidían más por la cercanía al poder que por la experiencia.

Pero el dato más escandaloso no es económico ni político, sino humano: muertes evitables en geriátricos bajo convenio. Personas con trastornos psiquiátricos severos alojadas sin control junto a pacientes frágiles; falta de alimentos y medicamentos; violencia entre residentes; y un PAMI que, pese a estar informado, miraba para otro lado. Es el colapso moral del Estado en su forma más cruda.

Que esto ocurra en un organismo que administra uno de los presupuestos más altos de la seguridad social y que atiende a una de las poblaciones más vulnerables, no solo indigna: interpela directamente al relato de “la anticasta”. Los libertarios llegaron al poder prometiendo barrer con la vieja política, pero terminan replicando —y perfeccionando— sus peores prácticas, con un cinismo alarmante.

El sistema de salud público para adultos mayores, ya golpeado por décadas de desinversión, parece ahora también ser campo de saqueo partidario. En nombre de la eficiencia, se tercerizan servicios sin licitación; en nombre de la “libertad”, se instalan figuras sin idoneidad; y en nombre de la “nueva política”, se reproducen lógicas mafiosas de apriete y silencio.

Mientras tanto, desde el oficialismo reina el silencio o la negación. Ni Karina Milei ni los titulares del organismo, Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, ofrecieron declaraciones públicas de peso. El Gobierno, acostumbrado a acusar sin filtro a periodistas, opositores y sindicatos, calla cuando las acusaciones golpean su propia estructura.