Cerro Negro activa procedimiento preventivo de crisis, alarma por 500 despidos con indemnización reducida

Lo que sucede en Cerro Negro es más que una crisis puntual: es el reflejo de un modelo económico que presiona por la rentabilidad empresaria a costa del trabajo. En nombre de la eficiencia, se intenta legalizar la precarización. Y si el Estado no actúa con firmeza para defender el empleo, la fragilidad laboral pasará de ser una excepción a convertirse en regla.

La situación laboral en la industria ceramista argentina atraviesa una nueva fase crítica. La empresa Cerro Negro, una de las principales del sector, solicitó formalmente ante el Ministerio de Trabajo de la Nación un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que, de ser aprobado, habilitaría suspensiones de trabajadores por 60 días y despidos con indemnizaciones reducidas al 50%, conforme al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. El temor inmediato: más de 500 empleados quedarían afectados entre las plantas de Olavarría, Córdoba y Campana.

Un mecanismo de ajuste con respaldo legal

El PPC es un recurso legal que permite a las empresas, en contextos de supuestas crisis económicas, modificar condiciones laborales —incluyendo despidos más baratos— bajo supervisión estatal. En la práctica, muchas veces ha funcionado como vía de legitimación de ajustes drásticos, con alto costo humano y social.

La intención de Cerro Negro, controlada por el Grupo Sociedad Comercial del Plata, es clara: reducir personal y costos sin enfrentar el peso completo de las indemnizaciones. En una economía en recesión, con caída del consumo y aumento de la desocupación, la medida genera preocupación no sólo por su impacto directo sino también por el efecto dominó que puede desencadenar en la industria ceramista nacional.

Gustavo Bustamante, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (SOECO), fue contundente: “Podemos esperar cualquier cosa del Ministerio”. La frase refleja no sólo la desconfianza hacia la posible aprobación del PPC, sino también la posición debilitada en la que quedan los trabajadores en un contexto de inflación alta y paritarias congeladas.

Hasta ahora, el gremio sólo logró un aumento salarial del 19%, frente a una inflación interanual que roza el 48%, lo que representa una pérdida real del poder adquisitivo de más de 30 puntos. Bajo estas condiciones, aceptar una suspensión al 70% del salario neto es una decisión forzada por la falta de alternativas.

Una industria al borde del colapso

Bustamante advierte que el problema trasciende a Cerro Negro: “El 90% de la industria ceramista nacional está en crisis”. Las causas son múltiples: caída de la construcción, contracción del mercado interno, apertura indiscriminada a las importaciones y una política económica que presiona por la baja del costo laboral sin red de contención.

Cerámica San Lorenzo en Azul es, según el gremio, una de las pocas plantas que aún opera con cierta estabilidad, pero también enfrenta dificultades. Mientras tanto, el riesgo de que el sector se siga desmantelando crece día a día.

La actual ofensiva de Cerro Negro se da apenas semanas después de un fuerte conflicto gremial en la planta de Olavarría, que incluyó bloqueos, paros y cortes de ruta tras el despido de 96 trabajadores sin apertura previa del PPC. Aquella vez, la conciliación obligatoria logró reincorporar a 37, pero 26 quedaron en la calle definitivamente, y otras decenas aceptaron retiros “voluntarios”.

Ese antecedente refuerza la desconfianza sindical y la alarma entre los trabajadores. Para muchos, el pedido de PPC no es más que una estrategia empresarial para legalizar lo que ya intentaron hacer por la vía de hecho: achicar personal con la menor erogación posible.

Un Estado que observa… o convalida

El pedido de Cerro Negro pone a prueba al Ministerio de Trabajo y, por extensión, a todo el gobierno nacional. Con un discurso abiertamente favorable a la “libertad de mercado” y la flexibilización laboral, la gestión de Javier Milei podría convalidar el procedimiento sin demasiados reparos.

Pero las consecuencias no serán sólo económicas: centenares de familias quedarán sin ingresos estables en ciudades donde la cerámica es uno de los principales motores de empleo. La contracción de la demanda interna, sumada a la inacción estatal, amenaza con convertir el deterioro sectorial en un colapso estructural de la industria ceramista nacional.