Privatización de rutas y desguace de Vialidad Nacional: prevén más de 4.000 despidos

El plan del Gobierno de Javier Milei para privatizar rutas nacionales pone en riesgo más de 4.000 puestos de trabajo y amenaza con desmantelar una estructura clave del Estado. El gremio denuncia ajuste salvaje, vaciamiento institucional y consecuencias irreversibles para la conectividad del país.

La anunciada privatización de rutas nacionales no es solo una medida más dentro del programa de ajuste del Gobierno de Javier Milei. Según denuncian desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara), liderado por Graciela Aleñá, el proyecto encubre una estrategia de desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad, con el posible despido de más de 4.000 trabajadores y la pérdida de una estructura estatal clave para la conectividad y el desarrollo federal.

“Quedamos todos en la calle”, advirtió Aleñá, en un diagnóstico que no es solo sindical sino político: de concretarse el decreto que ya se da por inminente, no solo se pierde empleo público, sino también la capacidad estatal de garantizar la circulación, seguridad vial y mantenimiento de rutas en vastas regiones del país. “Vialidad se convierte en algo que nadie sabe qué es ni para qué va a servir”, denunció la dirigente, dejando en claro la incertidumbre total sobre el destino de bienes, recursos y funciones hoy bajo la órbita pública.

El trasfondo: ajuste, privatización y debilitamiento del Estado

El plan oficial, que busca avanzar sin consenso ni debate parlamentario, forma parte del programa de privatizaciones promovido por el presidente Milei, quien sostiene una visión empresarial del Estado. En ese marco, la eliminación de estructuras como Vialidad Nacional responde a una lógica que asocia lo público con ineficiencia y busca delegar funciones esenciales en manos privadas. Pero, en este caso, el impacto es mayor: no solo se comprometen derechos laborales, sino también el principio de equidad territorial.

Aleñá lo planteó con claridad: “Se van a salvar las provincias que tengan plata, las otras no van a poder salir de la esquina”. Es decir, sin una estructura estatal que garantice obras y mantenimiento en las regiones más postergadas, la supuesta eficiencia del mercado solo profundizará las desigualdades. Este proceso implicaría, además, la transferencia de un valioso patrimonio estatal —campos, talleres, equipamiento y propiedades ubicadas incluso en zonas turísticas— a manos privadas, sin transparencia ni evaluación pública.

Un conflicto que avanza hacia la Justicia

La resistencia del gremio no es solo en las rutas. El conflicto ya escaló al terreno judicial, donde Stvyara denunció al secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, por el freno en el envío de fondos a Vialidad Nacional. Según la presentación judicial, esta maniobra habría sido deliberada para impedir negociaciones paritarias, mantener congelados los salarios y acelerar el vaciamiento. La denuncia, que recayó en el Juzgado General N.º 6, invoca los artículos 248 y 249 del Código Penal y plantea el incumplimiento de deberes de funcionario público.

En paralelo, el sindicato anunció nuevas medidas de fuerza y no descarta cortes en pasos fronterizos y rutas clave. La movilización, advierten, no es solo por los puestos de trabajo, sino por el rol histórico de Vialidad como “contacto con el pueblo”. Un rol que, lejos de lo simbólico, se traduce en hechos concretos: atención de emergencias, trabajos en zonas rurales y conexión entre regiones.

¿Qué está en juego?

El caso de Vialidad Nacional expone con crudeza los efectos colaterales de un plan de ajuste estructural que no distingue entre eficiencia, derechos y funciones esenciales del Estado. La privatización de rutas puede parecer una decisión administrativa, pero en realidad marca un giro profundo en la política pública: el reemplazo de lo estatal por lo mercantil, sin análisis de impacto social ni mecanismos de control.

Los trabajadores lo entienden como una batalla que excede lo gremial. Por eso afirman que seguirán “asistiendo hasta el último día, a pesar de la pelea”, en defensa no solo de sus empleos, sino de un modelo de país con Estado presente, infraestructura pública y vocación federal. Lo que se juega en este conflicto no son solo 4.000 puestos de trabajo: es el sentido mismo de la función pública en un país con grandes desigualdades y una geografía tan extensa como compleja.