Alarma en Molinos Río de la Plata: 200 trabajadores podrían quedar en la calle
El gremio de la alimentación exige la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense ante un plan de ajuste que amenaza 200 puestos de trabajo y agrava las condiciones laborales en una de las principales empresas del país.
La conflictividad laboral vuelve a encenderse en el corazón industrial bonaerense. Esta vez, el foco está en la planta de Molinos Río de la Plata en Esteban Echeverría, donde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), liderado por Rodolfo Daer, denunció un plan encubierto de la empresa para despedir hasta 200 trabajadores, en el marco de una reestructuración que el gremio considera parte de un ajuste silencioso.
La empresa —perteneciente al poderoso grupo Pérez Companc— habría comenzado a enviar telegramas de despido bajo el argumento de una caída en las ventas, pero el sindicato sospecha que la verdadera intención es mantener el mismo nivel de producción con menos personal. “Nos enfrentamos a una lógica de maximización de ganancias a costa de la salud y la estabilidad laboral de los trabajadores”, denunció Luciano Greco, delegado del STIA.
El conflicto estalla además en un contexto de tensión paritaria. El rechazo sindical a la propuesta de aumento del 1% ofrecida por las cámaras empresarias —alineadas con el “techo salarial” promovido por el Ministerio de Economía de Luis Caputo— generó un escenario de confrontación directa entre las partes. Desde el sindicato no dudan en señalar una estrategia de presión patronal: ajustes de personal y deterioro de condiciones laborales como represalia por no aceptar un aumento ínfimo que ignora la inflación acumulada.
Pero lo más grave, según el sindicato, no son solo los despidos. Desde el STIA aseguran que la empresa también incurre en otras prácticas cuestionables: desconocimiento de licencias por enfermedad, aumento de los ritmos de trabajo sin consulta, y hasta la supuesta evasión de denuncias por accidentes laborales ante la ART. Este cóctel de irregularidades pone en riesgo no solo los derechos, sino la integridad física de los trabajadores.
En respuesta, el sindicato ha convocado asambleas y prepara una medida de fuerza que incluirá un paro total de actividades. Al mismo tiempo, se presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo bonaerense para que se realice una inspección urgente. Sin embargo, la intervención estatal todavía no se ha materializado, lo que suma un factor crítico a la situación: la pasividad de las autoridades provinciales frente al accionar de una empresa de peso.
La situación de Molinos Río de la Plata no es un caso aislado, sino un síntoma de una tendencia más amplia que se viene consolidando bajo el actual esquema económico: ajuste del gasto, control salarial, desregulación de relaciones laborales y debilitamiento de las instancias de control estatal. Lo que está en juego aquí no es solo un conflicto gremial, sino el modelo de relaciones laborales que se pretende consolidar en el país.
La movilización anunciada por el STIA para este miércoles frente a una de las grandes compañías del rubro alimenticio buscará visibilizar esta disputa y ponerle presión a una negociación salarial que, hasta el momento, parece desconectada de la realidad económica de los trabajadores. Con 239 delegados reunidos en plenario y un frente sindical que se muestra unido, el gremio de la alimentación deja en claro que no está dispuesto a retroceder sin dar pelea.
El caso de Molinos Río de la Plata marca una encrucijada: o se avanza hacia un modelo que garantice empleo digno y producción responsable, o se profundiza una precarización que, como advierten desde el sindicato, terminará afectando tanto a los trabajadores como a la calidad misma de los alimentos que consumimos.
