Tras el escándalo del fentanilo, el Gobierno cambia la conducción de la ANMAT

La salida de Nélida Agustina Bisio y el nombramiento de Luis Eduardo Fontana se producen en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos a los controles estatales y por una investigación judicial que expuso graves fallas en los mecanismos de fiscalización.

A casi ocho meses de que estallara el caso del fentanilo adulterado, el Gobierno resolvió un cambio en la conducción de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), un organismo clave para la seguridad sanitaria.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones. Si bien el Gobierno aceptó la renuncia de Bisio sin mayores explicaciones políticas, el recambio ocurre mientras la ANMAT sigue bajo la lupa por su rol en uno de los episodios más graves del sistema sanitario reciente, que dejó más de un centenar de muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado.

El último informe del Cuerpo Médico Forense, presentado ante el juez federal Ernesto Kreplak, reforzó la gravedad del caso: la gran mayoría de las historias clínicas analizadas hasta el momento muestran una relación directa entre los fallecimientos y el consumo del fármaco adulterado, producido por Laboratorios Ramallo y elaborado por HLB Pharma Group. Estos datos profundizan las dudas sobre la eficacia de los controles previos y posteriores a la autorización de medicamentos por parte del organismo regulador.

Bisio, citada a declarar en una causa que ya supera las 6.000 fojas, quedó en el centro de las críticas públicas y judiciales. El expediente no solo busca determinar responsabilidades empresariales, sino también evaluar si la ANMAT actuó con la diligencia necesaria para prevenir un daño de esta magnitud. En ese marco, el recambio de autoridades aparece más como una respuesta política a la presión acumulada que como el resultado de una revisión integral del sistema de control.

Desde el Ministerio de Salud habían anticipado que la continuidad de la titular de la ANMAT dependería del avance de las actuaciones administrativas. Sin embargo, el reemplazo no despeja el interrogante de fondo: si el cambio de nombres alcanza para corregir fallas estructurales en un organismo cuya función es garantizar la seguridad de medicamentos y tecnologías médicas. A ocho meses del escándalo, la principal demanda social sigue siendo la misma: explicaciones claras, responsabilidades asumidas y reformas concretas para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.