Reforma laboral: Adimra lleva al Gobierno a la Justicia por el recorte a los aportes empresarios
La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei abrió un frente de conflicto inesperado dentro del propio sector empresario. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), entidad que participa de las negociaciones con la UOM, presentó un amparo judicial contra el artículo 133 de la Ley 27.802 y el decreto reglamentario 407/26.
La cámara cuestiona el límite del 0,5% sobre los aportes destinados a entidades empresarias y que su cobro quede restringido a compañías formalmente afiliadas. El planteo busca que la Justicia declare la inconstitucionalidad de esas disposiciones y dicte una medida cautelar que suspenda su aplicación.
El reclamo tiene un impacto económico significativo para Adimra. Hasta ahora, la entidad percibía un aporte equivalente al 1% del salario de los trabajadores metalúrgicos comprendidos en el convenio colectivo con la UOM, un mecanismo que alcanzaría a unos 220.000 empleados y que representa una fuente millonaria de financiamiento.
La nueva normativa reduce ese porcentaje a la mitad y limita el universo de empresas obligadas a realizarlo. El cambio afecta directamente la estructura de ingresos de la cámara y vuelve a poner bajo la lupa un sistema que ya había sido cuestionado por otras entidades del sector, entre ellas la Asociación de Fábricas de Componentes.
El conflicto que la reforma no logró evitar
El caso de Adimra podría ser apenas el comienzo de una ofensiva judicial empresaria. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) y CAME también analizan recurrir a la Justicia, mientras que sectores de la Unión Industrial Argentina (UIA) expresaron su decepción con una reforma que, según plantearon, terminó generando nuevas dificultades para las empresas.
El punto de fondo es que una iniciativa presentada como un mecanismo para reducir costos y flexibilizar las relaciones laborales comenzó a generar tensiones dentro del propio entramado patronal. Mientras el Gobierno modificó aspectos de la normativa para contener el rechazo sindical y proteger determinados aportes gremiales, las cámaras empresarias quedaron expuestas a una reducción de recursos y a mayores incertidumbres sobre la negociación colectiva.
El amparo de Adimra se convierte así en el primer desafío judicial de peso contra una reforma que ahora deberá demostrar en los tribunales si realmente beneficia al sector productivo o si terminó abriendo un nuevo conflicto con sus propios aliados.
