Privatización del reciclado en CABA: cooperativas advierten que hasta 7.000 trabajadores podrían quedar sin empleo
Las organizaciones denuncian que el cambio podría poner en riesgo entre 6.500 y 7.000 puestos de trabajo y cuestionan que un modelo construido desde la crisis de 2001 sea reemplazado sin una discusión profunda sobre su impacto laboral y social.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con la licitación de la recolección de residuos secos para incorporar empresas privadas al sistema, una decisión que encendió la alarma entre las 12 cooperativas de recuperadores urbanos que sostienen el esquema de reciclaje con inclusión social desde hace más de dos décadas.
El sistema vigente combina un aporte económico del Gobierno porteño con los ingresos derivados de la venta de los materiales recuperados. Sin embargo, la caída del valor de los reciclables deterioró aún más las condiciones del sector. El precio del cartón, por ejemplo, pasó de alrededor de $300 a $100 por kilo, reduciendo significativamente los ingresos de quienes dependen de esa actividad.
En este escenario, los recuperadores sostienen que incorporar compañías privadas los colocaría en una situación de desigualdad, debido a que esas empresas contarían con maquinaria y tecnología frente a un sistema cooperativo que todavía depende en gran medida del trabajo manual.
El conflicto también plantea un debate sobre el rumbo de una política pública que tiene respaldo legal desde comienzos de siglo. La Ley 992, sancionada en 2002, incorporó a los recuperadores urbanos al servicio de higiene de la Ciudad, mientras que la Ley 1854, conocida como Basura Cero, estableció posteriormente objetivos de reducción y recuperación de residuos. Para las cooperativas, la apertura del servicio a privados amenaza un modelo que convirtió a Buenos Aires en una referencia regional en materia de reciclaje con inclusión laboral.
Desde la administración de Jorge Macri defienden la licitación con el argumento de que permitirá modernizar la prestación, incorporar tecnología y mejorar la eficiencia.
Las cooperativas, en cambio, cuestionan que se pretenda atribuir las deficiencias del sistema exclusivamente a su funcionamiento cuando, según denuncian, durante los últimos años sufrieron falta de inversiones. Incluso señalan que una de las plantas donde trabajaban quedó inutilizada tras un incendio en 2024 y todavía no fue reparada.
La disputa excede, por lo tanto, una discusión sobre quién debe prestar el servicio. En juego aparece el futuro laboral de miles de recuperadores y la continuidad de un esquema que nació como respuesta social a la crisis económica y se convirtió en una política de gestión de residuos.
La controversia adquiere mayor relevancia porque las metas de reciclaje fijadas por la normativa porteña tampoco alcanzaron los resultados esperados y el porcentaje de recuperación viene retrocediendo. En ese contexto, la privatización plantea un interrogante central: si la incorporación de empresas privadas permitirá efectivamente mejorar el reciclaje o si terminará trasladando el costo de la transformación del sistema a quienes durante más de 20 años sostuvieron su funcionamiento.
