Granja Tres Arroyos, cuatro meses con la planta paralizada y sin un horizonte claro de reactivación
Después de cuatro meses con la planta detenida, el conflicto ya no se limita a una disputa laboral: expone la falta de certezas sobre la continuidad de una unidad productiva clave para la región y sobre quién asumirá finalmente el costo de una crisis que mantiene a trabajadores y familias en una situación de creciente incertidumbre.
La crisis de Granja Tres Arroyos suma un nuevo capítulo sin respuestas concretas para los trabajadores. La primera audiencia de conciliación obligatoria realizada en Paraná terminó sin acuerdo y dejó en evidencia la falta de un plan definido para reactivar la planta de Concepción del Uruguay, paralizada desde mayo.
Mientras la empresa afirma que analiza el ingreso de inversores y mantiene conversaciones con acreedores, los sindicatos cuestionan que, después de cuatro meses de inactividad, todavía no exista un cronograma, una propuesta productiva ni certezas sobre la reincorporación de los trabajadores despedidos.
El encuentro, que se extendió durante más de dos horas y contó con la intervención de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, reunió a representantes de Granja Tres Arroyos, del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y del sector gremial molinero.
La principal demanda sindical fue que la compañía presente un programa concreto que permita recuperar la producción y garantizar el empleo. Para los gremios, la explicación de que se están buscando inversores resulta insuficiente frente al deterioro de la situación laboral y económica de cientos de familias vinculadas directa e indirectamente con la planta.
El conflicto también se trasladó al terreno de las indemnizaciones. La empresa pretende encuadrar los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una reducción del 50% de la indemnización en determinadas situaciones de fuerza mayor o disminución de trabajo no atribuible al empleador.
Los sindicatos rechazaron esa posibilidad y sostuvieron que la situación de Granja Tres Arroyos no puede ser presentada simplemente como una crisis general del sector avícola, sino que estaría vinculada con decisiones específicas de la propia compañía. La discusión es relevante porque, de prosperar el argumento empresarial, parte del costo de la crisis podría terminar recayendo directamente sobre los trabajadores.
A esto se suma la situación de quienes todavía conservan formalmente su relación laboral, pero permanecen sin tareas y, según las organizaciones sindicales, acumulan salarios adeudados sin recibir certezas sobre su futuro. En este escenario, el STIA reclamó además que se investigue una eventual responsabilidad individual, subsidiaria e ilimitada de socios gerentes y accionistas mayoritarios frente a los incumplimientos denunciados, apoyándose en normas societarias, civiles y laborales.
La audiencia terminó con un cuarto intermedio y una nueva convocatoria para el viernes 28 de agosto. Hasta entonces, la principal incógnita seguirá siendo si la empresa podrá transformar la búsqueda de inversores en una alternativa real de reactivación.
