Tarifazo eléctrico: el gobierno explicó cómo reclamar una factura de luz que resulte impagable o tenga cargos indebidos
Tras los fuertes aumentos registrados en las tarifas eléctricas, los usuarios que reciban una factura que no puedan afrontar cuentan con mecanismos formales para cuestionar la liquidación cuando existan inconsistencias o cobros que no correspondan.
El Gobierno nacional mantiene publicado un instructivo elaborado en 2023 por el organismo regulador, actualmente denominado ENReGE, que detalla en qué circunstancias una boleta puede ser objetada y cuáles son los pasos que deben seguir los usuarios.
No todo incremento constituye necesariamente un error: una actualización tarifaria dispuesta por el Estado, la reducción o eliminación de subsidios, el reemplazo de un medidor de obra por uno definitivo, un aumento efectivo del consumo, el cambio a una categoría tarifaria superior o la incorporación de deudas anteriores pueden explicar una suba significativa en el monto final.
Por eso, antes de iniciar un reclamo, se recomienda revisar cada concepto incluido en la factura y comparar el consumo facturado con la medición que figura en el medidor físico. Si existe una diferencia considerable entre los kilovatios hora registrados y los efectivamente consumidos, el usuario puede cuestionar la facturación y solicitar que se investigue un eventual inconveniente con el equipo de medición.
El primer paso consiste en presentar el reclamo ante la empresa distribuidora correspondiente, como Edenor o Edesur. Desde el momento en que se realiza la presentación, la distribuidora no puede interrumpir el suministro durante diez días hábiles y cuenta con quince días administrativos para comunicar una respuesta por escrito. Si se determina que hubo un cobro excesivo, la empresa debe devolver el importe correspondiente, junto con los intereses que correspondan, dentro de un plazo máximo de diez días después de comprobarse el error.
Si la respuesta de la compañía no resuelve el problema, el usuario puede elevar el reclamo ante el organismo regulador. Mientras el expediente permanezca en trámite, deberá continuar abonando el servicio, aunque podrá pagar únicamente un importe equivalente al último consumo facturado correctamente hasta que exista una resolución definitiva.
En un escenario de fuertes aumentos tarifarios, conocer la diferencia entre una suba legítima y una facturación irregular resulta clave para evitar que un incremento desproporcionado termine convirtiéndose, además, en una deuda difícil de afrontar.
