La informalidad laboral trepó al 45% en la Argentina

Con una informalidad nacional del 45%, el desafío no consiste solamente en crear empleo, sino en garantizar que trabajar permita acceder a derechos, estabilidad y mejores condiciones de vida. La persistencia de brechas tan profundas entre regiones y sectores revela que la recuperación del mercado laboral no puede evaluarse únicamente por la cantidad de personas ocupadas, sino también por la calidad y la protección de esos puestos de trabajo.

Un informe de la Universidad Nacional de Rosario, elaborado sobre datos del INDEC del segundo trimestre de 2026, advierte sobre el deterioro del empleo registrado y el avance del trabajo independiente sin protección social.

Mientras la informalidad crece en el conjunto del país, el norte argentino exhibe los indicadores más preocupantes: en Santiago del Estero y La Banda alcanza al 87,5% de los cuentapropistas.

La precarización del mercado laboral argentino continúa profundizándose y expone una de las principales debilidades de la economía: la dificultad para generar puestos de trabajo registrados, con aportes jubilatorios y garantías de seguridad social. Según un informe de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la informalidad alcanzó al 45% de los trabajadores durante el segundo trimestre de 2026, frente al 41,4% registrado a fines de 2023.

El incremento de 3,6 puntos porcentuales en ese período refleja un escenario en el que una proporción creciente de la población ocupada desarrolla sus actividades sin las condiciones laborales correspondientes. Detrás de las cifras aparece un problema estructural: tener trabajo no necesariamente significa contar con ingresos estables, cobertura previsional o derechos laborales garantizados.

Uno de los cambios más significativos es la pérdida de participación del empleo asalariado y la expansión del cuentapropismo. De acuerdo con el relevamiento, los asalariados pasaron de representar el 73,7% de los ocupados a fines de 2023 al 70,5% en el segundo trimestre de 2026. En sentido contrario, los trabajadores independientes aumentaron su participación del 22,6% al 25,5%.

Este desplazamiento plantea interrogantes sobre la calidad de los puestos de trabajo que está generando la economía. Aunque el trabajo por cuenta propia puede constituir una elección productiva, también puede convertirse en una salida forzada ante la falta de oportunidades laborales formales. En ese contexto, la independencia económica no siempre se traduce en autonomía real: para muchos trabajadores implica asumir los riesgos de la actividad sin contar con las protecciones del empleo registrado.

Los datos muestran que el 65,8% de los cuentapropistas urbanos trabaja en condiciones informales. Entre los asalariados, en tanto, el 37,9% no tiene aportes jubilatorios, un indicador que también empeoró respecto de fines de 2016, cuando alcanzaba al 33,6%.

La informalidad presenta diferencias marcadas según la actividad económica. El servicio doméstico encabeza el listado, con una tasa del 77,4%, seguido por la construcción, con el 76,2%. En gastronomía y alojamiento, el indicador llega al 63,9%, mientras que en el comercio alcanza el 54,7%.

Se trata de sectores que concentran modalidades de contratación vulnerables a la falta de registración, con una presencia importante de establecimientos pequeños, trabajos temporarios y relaciones laborales inestables.

En el extremo opuesto, los servicios profesionales, científicos y técnicos registran una informalidad del 19,2%. En información y comunicación, el porcentaje asciende al 33,9%.

La distancia entre estas actividades revela que la precarización no afecta a todos los trabajadores por igual. La estructura productiva, la capacidad de las empresas para sostener empleos registrados y las características de cada ocupación condicionan las posibilidades de acceder a derechos laborales.

Por eso, reducir la informalidad requiere algo más que exigir la registración de los trabajadores: también supone analizar las condiciones económicas que llevan a empresas y trabajadores a desenvolverse fuera de los mecanismos formales.

Santiago del Estero y La Banda, entre los niveles más altos del país

Uno de los datos más alarmantes del informe es la brecha territorial. En varias ciudades del norte argentino, más de ocho de cada diez trabajadores independientes se desempeñan en la informalidad, una situación que limita su acceso a la seguridad social y profundiza la vulnerabilidad económica.

Formosa encabeza el relevamiento, con el 87,9%, seguida por Gran Tucumán y Tafí Viejo, con el 87,6%. En Santiago del Estero y La Banda, el indicador alcanza el 87,5%, un porcentaje que ubica a ambas ciudades entre las localidades con mayor informalidad entre los cuentapropistas.

Las cifras representan una señal de alerta para una región donde las oportunidades de empleo registrado son un factor decisivo para el desarrollo económico y social. Cuando la mayoría de los trabajadores independientes opera fuera de los mecanismos formales, las consecuencias no se limitan a la situación individual: también se debilitan la cobertura previsional, la protección frente a contingencias laborales y la capacidad de construir trayectorias de ingresos estables.

En contraste, la Ciudad de Buenos Aires registra una informalidad del 32,8% entre los cuentapropistas. Mar del Plata y Batán presentan un 42,7%; Bahía Blanca y Cerri, un 43%; y Ushuaia y Río Grande, un 43,1%.

La diferencia entre estos distritos y las ciudades del norte evidencia una desigualdad que no puede explicarse exclusivamente por las decisiones personales de quienes trabajan. Las oportunidades productivas, la composición del empleo y las condiciones económicas de cada territorio también forman parte del problema.

La brecha entre la Capital y el conurbano expone otro desequilibrio

Las desigualdades también se observan dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires. Mientras la informalidad laboral total en la Ciudad de Buenos Aires alcanza el 26%, en el conurbano bonaerense asciende al 47,5%.

La distancia es igualmente marcada entre los trabajadores independientes: en la Capital Federal, el 32,8% trabaja en condiciones informales, frente al 70,2% de los cuentapropistas de los partidos del conurbano.

El contraste muestra que la proximidad geográfica no garantiza condiciones laborales similares. La distribución de las actividades económicas, la presencia de empresas de mayor tamaño y las oportunidades de contratación formal influyen en las posibilidades de acceder a un empleo protegido.

Neuquén constituye otro caso particular: registra una informalidad laboral del 26,4%, en un contexto marcado por el desarrollo de la actividad hidrocarburífera. El dato ilustra cómo una estructura productiva con sectores de alta inversión puede presentar condiciones diferentes de las observadas en otras regiones.

En La Rioja y Catamarca, por otra parte, el empleo público representa más de un tercio de la población ocupada. Sin embargo, las tasas de informalidad laboral alcanzan el 43,9% y el 45,1%, respectivamente, lo que demuestra que una importante presencia estatal en el mercado de trabajo no elimina por sí sola las dificultades de registración en el conjunto de la economía.

Por regiones, las localidades patagónicas presentan niveles de informalidad total de entre el 18% y el 33,5%. En el Noroeste argentino, los porcentajes se ubican entre el 43,9% y el 56,2%, mientras que en el Noreste oscilan entre el 51,9% y el 53,8%.

Un problema estructural que pone a prueba las políticas de empleo

El avance de la informalidad plantea un desafío que va más allá de las estadísticas. El crecimiento del trabajo independiente, la caída de la participación asalariada y la falta de aportes previsionales muestran que una parte considerable de la población ocupada continúa sin acceder a las garantías básicas del empleo formal.

En Santiago del Estero y La Banda, donde el 87,5% de los cuentapropistas trabaja informalmente, el panorama adquiere especial relevancia por la magnitud de la brecha con otras ciudades del país. El dato obliga a poner el foco en las oportunidades de desarrollo productivo, la generación de empleo registrado y las condiciones que enfrentan quienes dependen de actividades independientes para sostener sus ingresos.

La cuestión de fondo es si la economía podrá generar puestos de trabajo de calidad o si continuará expandiéndose un mercado laboral fragmentado, en el que una porción importante de los ocupados queda al margen de la protección social.