La suspensión de las PASO reabre la disputa interna y expone las diferencias estratégicas del Gobierno

La reforma electoral se convirtió en un termómetro de la interna libertaria. La disputa ya no pasa únicamente por definir si habrá primarias, sino por quién tendrá la última palabra en la selección de candidatos, cómo se distribuirá el poder dentro del oficialismo y hasta dónde estará dispuesto Milei a negociar para garantizar la gobernabilidad.

La discusión por la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dejó al descubierto las tensiones que atraviesan a La Libertad Avanza, según consignó la periodista Tatiana Scorciapino.

Lo que el oficialismo presenta como una reforma destinada a modificar las reglas electorales se convirtió en un nuevo foco de disputa entre sus principales referentes, con diferencias sobre las candidaturas, la negociación con los gobernadores y la estrategia para consolidar el poder de cara a las próximas elecciones.

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse en la Casa Rosada sin alcanzar definiciones concluyentes. Aunque la iniciativa de suspender las primarias cuenta con el respaldo público del presidente Javier Milei, puertas adentro persisten las sospechas sobre las intenciones de algunos dirigentes y las discrepancias acerca de cómo avanzar en el Congreso.

La discusión dejó de ser exclusivamente legislativa para transformarse en una pulseada por el control del armado electoral.

Bullrich, bajo sospecha y con aspiraciones propias

Uno de los principales focos de tensión gira en torno a Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado. Dentro de un sector del oficialismo sospechan que la exministra podría estar demorando el tratamiento de la reforma para preservar una herramienta que le permita disputar espacios de poder, sin descartar una eventual candidatura presidencial.

La posibilidad de que las PASO se mantengan adquiere, en ese escenario, una dimensión política que trasciende el debate institucional: permitirían canalizar una competencia interna que el liderazgo de Milei busca mantener bajo control. Sin embargo, no existen definiciones públicas que confirmen una confrontación electoral entre ambos dirigentes.

El vínculo entre el Presidente y Bullrich también está atravesado por diferencias sobre la conducción política y el funcionamiento del Senado. Aunque ambos mantienen canales de diálogo, las versiones sobre los desacuerdos internos reflejan una dificultad del oficialismo para compatibilizar las aspiraciones individuales con una estrategia común.

Mientras la discusión electoral avanza sin certezas, Karina Milei busca consolidar un esquema de alianzas provinciales que le permita ampliar la representación libertaria y garantizar los votos necesarios para impulsar las reformas. La estrategia contempla acuerdos más estrechos con algunos gobernadores y entendimientos de alcance limitado con otros distritos.

En ese esquema, el oficialismo pretende construir alianzas electorales con mandatarios considerados cercanos, mientras reserva una competencia más acotada para las provincias donde las relaciones políticas son menos sólidas. Sin embargo, la distribución de candidaturas y las diferencias sobre los sucesores de algunos gobernadores amenazan con complicar esos entendimientos.

El caso de Mendoza, donde existen diferencias en torno a la candidatura de Luis Petri y las preferencias del gobernador Alfredo Cornejo, expone los límites de una estrategia que busca ordenar los armados provinciales desde la conducción nacional. La pretensión de imponer decisiones sin contemplar los intereses de los aliados puede debilitar acuerdos que el Gobierno necesita sostener en el Congreso.

Las tensiones también se manifiestan en Corrientes, donde una disputa vinculada con la designación de una funcionaria nacional generó malestar en medio de las negociaciones legislativas. Estos episodios muestran cómo los conflictos entre dirigentes pueden interferir en acuerdos que, en principio, responden a objetivos electorales y parlamentarios.

La disputa política amenaza con complicar el programa económico

Las diferencias dentro del oficialismo no se limitan al calendario electoral. También expresan dos concepciones sobre la construcción del poder: por un lado, una estrategia centrada en la conducción de Karina Milei y en acuerdos condicionados con los gobernadores; por otro, las advertencias de sectores que consideran que la negociación debe acelerarse para evitar que el Gobierno pierda respaldo parlamentario y territorial.

En ese contexto, las gestiones de Diego Santilli para acercar posiciones con los mandatarios provinciales adquieren una importancia decisiva. La aprobación de la reforma política depende de conseguir apoyos que el oficialismo no tiene garantizados por sí solo, mientras los gobernadores buscan preservar sus propios márgenes de autonomía.

El trasfondo económico también pesa en la discusión. Luis Caputo y otros integrantes del equipo económico consideran que la construcción de acuerdos políticos resulta necesaria para transmitir previsibilidad a los mercados y al sector empresario. La incertidumbre sobre las alianzas y la capacidad legislativa del Gobierno puede convertirse en un factor adicional de preocupación para los actores económicos.

La demora en el tratamiento de la reforma, que inicialmente se proyectaba para octubre y ahora podría extenderse hacia noviembre, diciembre o incluso el próximo año, evidencia las dificultades para traducir las decisiones de la Casa Rosada en consensos parlamentarios.

Más allá de la discusión sobre las PASO, el problema de fondo es la capacidad del oficialismo para administrar sus propias diferencias. La intención de ordenar el escenario electoral sin una negociación política consistente amenaza con producir el efecto contrario: multiplicar los conflictos, desgastar la relación con los aliados y debilitar la capacidad del Gobierno para sostener sus iniciativas.