El Gobierno cedió con la Ley de Tierras para evitar una derrota política y blindar el DNU 70/23

La marcha atrás con la Ley de Tierras puede permitirle ganar tiempo, pero también deja una señal política: cuando el costo parlamentario amenaza con comprometer el conjunto de sus reformas, el oficialismo está dispuesto a retroceder para evitar una derrota de mayor alcance.

Ante el riesgo de que la oposición consiga rechazar el decreto de desregulación económica, La Libertad Avanza aceptó restablecer la Ley de Tierras de 2011. El giro expone los límites de la estrategia oficialista y la necesidad de negociar con sectores aliados para sostener una de las principales herramientas normativas de la gestión de Javier Milei.

En una maniobra que evidencia la fragilidad de los acuerdos parlamentarios del oficialismo, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la derogación de la Ley de Tierras y reincorporar su vigencia al dictamen de mayoría del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La decisión se tomó durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, en un intento por reducir los riesgos políticos que enfrenta el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

La modificación incorpora dos artículos: uno que deja sin efecto la derogación dispuesta por el decreto y otro que restablece la norma sancionada en 2011, que establece restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales. El cambio representa un retroceso concreto respecto de la posición inicial del Gobierno, que había impulsado la eliminación de esa legislación como parte de su programa de desregulación.

El giro no responde únicamente a una reconsideración sobre la política de tierras. También está atravesado por la aritmética parlamentaria y por el temor a que una derrota en un punto sensible termine comprometiendo la continuidad de otras disposiciones del megadecreto.

Con una sesión convocada para este jueves y la posibilidad de que la oposición reuniera los votos necesarios para rechazarlo, La Libertad Avanza aceleró las negociaciones con el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical (UCR).

El acuerdo permitió reunir 34 firmas en respaldo del dictamen de mayoría y ofrecer una salida intermedia a legisladores que rechazan la derogación de la Ley de Tierras, pero no están dispuestos a votar contra el DNU en su conjunto. De esta manera, el oficialismo busca contener las diferencias internas y evitar que una controversia puntual se convierta en una amenaza para el esquema general de reformas.

La decisión deja al descubierto una contradicción en el discurso libertario: mientras el Gobierno presenta la desregulación como un principio central de su política económica, la defensa de ese programa lo obliga ahora a restituir una norma que había eliminado.

Más que una modificación aislada, el movimiento revela que la agenda oficial no puede avanzar exclusivamente por imposición y que depende de acuerdos políticos para sostenerse en el Congreso.

El riesgo para la Casa Rosada iba más allá de la legislación sobre tierras rurales. Un eventual rechazo integral del DNU podía abrir un nuevo frente de disputa en torno a otras derogaciones y reformas incluidas en el decreto, entre ellas las vinculadas con la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento, la política de cielos abiertos, la desregulación satelital y los controles sobre las empresas de medicina prepaga.

En ese escenario, la restitución de la Ley de Tierras aparece como una concesión destinada a preservar el resto del paquete normativo. El oficialismo procura aislar uno de los aspectos más cuestionados para evitar que el debate parlamentario derive en un rechazo más amplio de su política de desregulación.

Por su parte, Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo junto con legisladores de Argentina Federal, mientras que Provincias Unidas y la Coalición Cívica elaboraron despachos propios. La fragmentación de las posiciones opositoras constituye un factor decisivo para el Gobierno, que necesita impedir la formación de una mayoría capaz de poner en jaque el decreto.