La diputada Karen Reichardt celebró que la salud pública deja de ser universal
La legisladora presentó la medida como el final de un supuesto “abuso” del sistema sanitario argentino y resumió la nueva lógica oficial bajo la consigna: “Primero los argentinos”.
La diputada nacional de La Libertad Avanza Karen Reichardt celebró en redes sociales, con baile y tono festivo, la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar contra la atención gratuita en hospitales públicos para extranjeros que no tengan residencia permanente en el país.
Detrás de la celebración política aparece, sin embargo, una pregunta que las autoridades todavía no responden con claridad: ¿qué problema fiscal concreto resuelve una medida dirigida a un universo tan reducido de pacientes?
El Gobierno sostiene que los recursos de la salud pública deben estar destinados prioritariamente a quienes financian el sistema mediante sus impuestos. A partir de ahora, los extranjeros no residentes que requieran atención deberán afrontar el costo o contar con un seguro médico que lo cubra.
El argumento oficial parte de la existencia de un supuesto abuso sistemático del sistema sanitario por parte de extranjeros. Pero los datos disponibles muestran una realidad muy diferente y cuestionan la dimensión que el Gobierno pretende atribuirle al fenómeno.
Una “avalancha” que las estadísticas no registran
En el Hospital Posadas, por ejemplo, la Memoria Anual 2024 contabilizó 17.768 egresos de internación. Sólo uno correspondió a una persona residente en otro país, Paraguay, lo que representa apenas el 0,01% del total.
El Hospital Garrahan exhibe cifras igualmente alejadas del discurso de una supuesta invasión de pacientes extranjeros. Durante 2024 registró 407.704 consultas externas, de las cuales 1.876 correspondieron a personas con residencia en el exterior: apenas 0,46%.
La proporción fue también inferior al 1% en otras prestaciones del hospital: 152 de las 25.691 internaciones correspondieron a residentes extranjeros, mientras que en Hospital de Día fueron 231 sobre 34.475 prestaciones.
En la Ciudad de Buenos Aires, además, los datos oficiales muestran que durante 2025 los extranjeros no residentes representaron menos del 1% de quienes acudieron a los hospitales públicos.
Los números, por lo tanto, difícilmente sostienen la imagen de los denominados “tours sanitarios” utilizada desde sectores oficiales para justificar el cambio.
Una batalla política con un impacto económico limitado
La discusión deja en evidencia una característica recurrente de la gestión de Milei: transformar cuestiones de incidencia fiscal acotada en grandes batallas políticas y culturales.
El ahorro potencial derivado de cobrarle la atención a un grupo que representa una fracción mínima de los usuarios parece difícil de comparar con la magnitud de los problemas estructurales que atraviesa el sistema sanitario. La cuestión de fondo pasa entonces por determinar si la medida constituye realmente una política destinada a mejorar las cuentas públicas o si funciona principalmente como una señal política.
La celebración de Reichardt refuerza esa segunda interpretación. El tono utilizado y la apelación a “los argentinos” frente a “los extranjeros” desplazan el debate desde la eficiencia del sistema sanitario hacia una disputa identitaria, donde un grupo reducido de pacientes es presentado como responsable de un supuesto abuso generalizado.
El problema es que una política pública no debería evaluarse únicamente por su capacidad para generar impacto comunicacional. También debería medirse por su efecto concreto sobre las cuentas públicas, la calidad de la atención y el funcionamiento de un sistema que ya enfrenta dificultades de financiamiento.
El verdadero debate pendiente
El Gobierno puede establecer mecanismos para evitar abusos y reclamar el pago de determinadas prestaciones cuando corresponda. Pero convertir una incidencia estadísticamente marginal en una de las banderas de la transformación sanitaria libertaria abre un interrogante mayor.
Si la intención es avanzar hacia una reforma profunda del sistema de salud, como Milei planteó durante su campaña, la discusión debería centrarse en financiamiento, cobertura, infraestructura, salarios, medicamentos y acceso a la atención.
Mientras tanto, el Gobierno parece encontrar en los extranjeros no residentes un adversario conveniente: un colectivo pequeño, fácilmente identificable y políticamente rentable para construir un relato de defensa de los recursos nacionales.
La paradoja es evidente: se presenta como una gran victoria fiscal una medida cuyo impacto sobre las finanzas públicas, a juzgar por los datos disponibles, sería reducido. La verdadera dimensión de la decisión, entonces, podría estar menos en los pesos que logre ahorrar el Estado que en el cambio de concepción sobre la salud pública que el Gobierno busca instalar.
