El Gobierno apeló la orden judicial de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La resolución de la Cámara será determinante para establecer cómo continúa el proceso de implementación de la ley y qué obligaciones deberá cumplir el Estado nacional mientras se resuelve la disputa judicial.
La administración nacional recurrió el fallo del juez Martín Cormick, que declaró inconstitucional el decreto que condicionaba la ejecución de la norma a la identificación de recursos presupuestarios. La disputa llegará ahora a la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
El Gobierno nacional presentó una apelación contra la resolución del juez federal Martín Cormick, quien había ordenado implementar de manera inmediata la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La decisión judicial cuestionó el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para postergar la aplicación efectiva de una norma aprobada por el Congreso.
El conflicto se originó con el decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno promulgó la ley, pero supeditó su ejecución a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas necesarias en el presupuesto.
Para el magistrado, esa condición resultaba inconstitucional, ya que el Ejecutivo no podía subordinar el cumplimiento de una ley sancionada por el Poder Legislativo, incluso después de que el veto presidencial fuera superado.
Días atrás, Cormick había hecho lugar a un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes. En su resolución, dispuso que el Estado debía avanzar sin demoras con la implementación de la norma y dictar las disposiciones reglamentarias y ejecutivas necesarias para garantizar su cumplimiento.
Con la presentación de la apelación, el Gobierno busca que una instancia judicial superior revise los alcances de esa decisión. El expediente será analizado ahora por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que deberá resolver sobre la controversia.
El caso vuelve a poner en discusión la relación entre los poderes del Estado y los límites de la facultad del Ejecutivo para establecer condiciones sobre la aplicación de una ley vigente.
También mantiene abierto el debate sobre el financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de sus trabajadores, en un escenario de tensión entre las demandas del sistema universitario y la política presupuestaria del Gobierno.
