Sturzenegger avanza con la “deep motosierra”: revisión mensual de contratos y más ajuste en el empleo público

La pregunta es hasta dónde llegará este proceso y cuál será el costo social de una reforma que, bajo la bandera de la modernización, esconde una reestructuración regresiva del Estado argentino.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, puso en marcha un nuevo mecanismo de control sobre el empleo público que profundiza la política de recortes en la administración nacional. A través de la Resolución 68/2025, cada organismo deberá informar mensualmente las altas, bajas, prórrogas y renovaciones de personal transitorio, en un dispositivo de fiscalización que el propio ministro bautizó como “deep motosierra”.

El nombre no es casual: responde a una visión del Estado reducido a su mínima expresión, donde los trabajadores pasan a ser meros números en planillas de Excel. Según la normativa, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes las dependencias deberán elevar sus informes al Ministerio, bajo carácter de declaración jurada, para que sean analizados en detalle. El objetivo oficial es “ahorrar recursos y reducir tiempos administrativos”, pero el trasfondo revela una política de ajuste sistemático que ya se siente en los despidos, las suspensiones de contratos y la precarización del empleo estatal.

La medida se inscribe en un proceso de contracción acelerada: entre marzo y agosto de 2025 se redujeron 8.755 puestos en la administración nacional, con una caída interanual del 7,8%. Los recortes alcanzaron de lleno a empresas públicas estratégicas como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Fabricaciones Militares y la Fábrica de Aviones. Al mismo tiempo, los salarios estatales se ubican entre los más rezagados de la economía: apenas subieron un 19,1% en lo que va del año frente al 57,9% del sector privado no registrado, lo que revela un deterioro inédito en el poder adquisitivo de quienes sostienen el funcionamiento de las políticas públicas.

Sturzenegger había anticipado en el Coloquio de IDEA 2024 esta estrategia de depuración masiva. Lo llamó “deep motosierra”, como si se tratara de una operación quirúrgica tecnocrática sin consecuencias sociales, cuando en realidad supone miles de trabajadores desplazados, familias con ingresos reducidos y comunidades enteras afectadas por la pérdida de servicios estatales. El discurso del ahorro se convierte, así, en un eufemismo para justificar la desarticulación de áreas claves del Estado.

El nuevo reglamento unifica criterios y estandariza formularios, pero en los hechos configura un sistema de vigilancia permanente sobre cada contrato, que puede convertirse en una herramienta de disciplinamiento político y sindical. Con la excusa de “simplificar”, se impone un modelo de gestión donde lo central no es garantizar derechos ni mejorar el servicio público, sino recortar todo lo que pueda ser etiquetado como gasto.

La “deep motosierra” ya no es solo una metáfora. Es una política concreta que erosiona al Estado y golpea a sus trabajadores, mientras abre paso a un modelo donde la administración pública se achica en nombre de la eficiencia, pero a costa de debilitar su capacidad de sostener derechos básicos.