Anses recorta las asignaciones familiares y deja afuera a tres millones de trabajadores registrados
La medida, que en la superficie parece técnica, revela en realidad un cambio político profundo: el corrimiento del Estado del pacto social que sostenía a la clase media asalariada. Una vez más, el ajuste se descarga sobre quienes cumplen con todas las reglas del sistema, mientras el interrogante sigue siendo el mismo que resuena en otros frentes: ¿quién paga realmente el costo de la crisis?
La decisión de la Anses de actualizar los topes salariales para el cobro de asignaciones familiares impactará de lleno en el 22% de los trabajadores en blanco del país.
Con la Resolución 318/2025, quienes perciban más de $2,4 millones brutos mensuales de manera individual o $4,8 millones por grupo familiar quedan automáticamente excluidos del beneficio. En números concretos, más de tres millones de empleados registrados dejarán de cobrar estas prestaciones.
El Gobierno justifica la medida con el argumento de “preservar el carácter redistributivo” de las asignaciones sociales. Sin embargo, el recorte no solo alcanza a sectores de altos ingresos, como se plantea oficialmente, sino también a franjas de trabajadores medios que, en un contexto inflacionario y de suba constante del costo de vida, no necesariamente pueden ser catalogados como privilegiados. La paradoja es que quienes superan los nuevos límites lo hacen muchas veces por aumentos nominales que apenas alcanzan a recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
La política adoptada abre un interrogante más amplio: ¿hasta qué punto el Estado redefine su rol social priorizando el ajuste sobre la protección universal? La exclusión de millones de familias de un beneficio histórico implica trasladar el peso de la crisis a sectores formales, en un país donde cada vez más asalariados enfrentan pluriempleo, salarios depreciados y dificultades para sostener la canasta básica.
El valor actual de las asignaciones —$12.340 por hijo, $14.223 por cónyuge, $68.341 por nacimiento y $102.330 por matrimonio, entre otras— dista de cubrir los gastos reales de crianza, educación o salud. Aun así, para muchas familias representaban un refuerzo indispensable. Su eliminación refuerza la brecha entre quienes deben asumir en soledad el aumento del costo de vida y un Estado que se retira de su rol de acompañamiento económico.
El discurso oficial apela a la redistribución, pero el trasfondo es otro: el desmantelamiento gradual de la protección social bajo la lógica del ajuste fiscal. Mientras tanto, queda expuesta una contradicción de fondo: en un país con más del 50% de pobreza infantil, el Estado opta por recortar transferencias en lugar de fortalecer políticas que garanticen derechos básicos.
