Según ATE Indec, el salario mínimo para una familia ya supera los $2,5 millones

El dato central del informe deja planteado un interrogante que excede la discusión salarial: si una familia necesita más de $2,5 millones para cubrir consumos mínimos, pero buena parte de los trabajadores no alcanza ese nivel de ingresos, la estabilidad macroeconómica todavía está lejos de convertirse en bienestar económico para los hogares.

El deterioro de los ingresos vuelve a poner en discusión el costo social del programa económico del Gobierno. El último informe del Observatorio del Salario de la Junta Interna de ATE en el INDEC estimó que una familia tipo necesitó en julio $2.558.677 para cubrir sus consumos mínimos, mientras que los trabajadores estatales acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30% desde diciembre de 2023.

El cálculo corresponde a un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos en edad escolar. De ese total, $876.365 fueron necesarios para cubrir la alimentación, mientras que otros $1.682.312 correspondieron a bienes y servicios esenciales. El dato marca una brecha significativa entre el costo de sostener una vida familiar básica y los ingresos que perciben amplios sectores de trabajadores.

El informe adquiere mayor relevancia al contrastarlo con la evolución de los precios. En julio, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 2,1%, por encima del 1,9% registrado en junio. En los primeros siete meses del año, la inflación acumuló 19,3%, mientras que la variación interanual llegó al 33,8%.

Desde una mirada crítica, el problema no radica únicamente en la persistencia de la inflación, sino en que los salarios no consiguen acompañar ese movimiento. La consecuencia es una combinación cada vez más difícil de ocultar: pérdida de poder adquisitivo, reducción del consumo y mayor dependencia del crédito para cubrir gastos cotidianos.

El salario estatal, cada vez más lejos de recuperar lo perdido

Uno de los datos más contundentes del relevamiento surge del caso testigo utilizado por el Observatorio: un trabajador del SINEP, Nivel D, Grado 0. Según el informe, ese salario perdió aproximadamente 30% de su capacidad de compra desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

Para recuperar el poder adquisitivo que tenía en noviembre de 2023, ese trabajador necesitaría un aumento inmediato del 42%. La comparación histórica resulta todavía más preocupante: un salario que en diciembre de 2015 equivalía a $10.191 debería alcanzar actualmente los $1.782.225 para conservar su capacidad de compra, pero llega apenas a $756.396. La pérdida acumulada de poder adquisitivo en ese período alcanza el 57,3%.

Los números cuestionan así la idea de que la estabilización de determinadas variables macroeconómicas implique automáticamente una mejora en las condiciones de vida. Para los trabajadores estatales, la recuperación del salario real continúa siendo una deuda pendiente y el paso del tiempo, sin recomposición, profundiza la pérdida acumulada.

Endeudamiento: ¿elección o mecanismo de supervivencia?

El informe también cuestiona el enfoque oficial que atribuye a las familias parte de la responsabilidad por el crecimiento del endeudamiento. Desde la perspectiva del Observatorio, cuando los ingresos resultan insuficientes para cubrir alimentación, vivienda, servicios y otros gastos esenciales, el crédito deja de ser una herramienta financiera voluntaria y se transforma en un mecanismo para llegar a fin de mes.

Esta dinámica puede generar un círculo difícil de romper: salarios que pierden frente a los precios, familias que recurren al crédito para compensar esa diferencia y mayores obligaciones futuras que reducen todavía más el ingreso disponible.

Precarización e informalidad dentro del Estado

El diagnóstico también alcanza a las condiciones laborales del sector público. El Observatorio señaló un nivel de informalidad laboral del 44,2%, además de cuestionar la falta de concursos periódicos y la continuidad de modalidades contractuales consideradas precarias.

Para ATE, esta situación afecta no solo el nivel salarial, sino también la estabilidad y las condiciones de trabajo de los empleados públicos. El planteo introduce una discusión más amplia sobre el proceso de reducción del gasto estatal: el ajuste puede traducirse en menor erogación presupuestaria, pero también en un deterioro de las condiciones laborales y de la capacidad adquisitiva de quienes dependen de esos ingresos.

El documento reclamó, además, preservar la independencia técnica del INDEC frente a los gobiernos de turno y avanzar en una actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor. También rechazó eventuales modificaciones del Convenio Colectivo de Trabajo que impliquen un retroceso en los derechos laborales.

Frente a este escenario, ATE exige la reapertura de las negociaciones salariales, una recomposición urgente de los ingresos y un bono extraordinario. También reclama medidas para aliviar el endeudamiento de los hogares, mediante créditos accesibles, tasas de interés más bajas y políticas específicas destinadas a quienes quedaron atrapados entre la caída de los salarios y el aumento del costo de vida.