Reforma laboral: un juez aseguró que hoy despedir sin causa a un trabajador es más barato
La reforma laboral impulsada por el Gobierno abrió un nuevo escenario para las relaciones entre empleadores y trabajadores. El juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Mario Fera sostuvo que las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral y la Ley de Bases redujeron de manera considerable los costos asociados al despido sin causa, alterando uno de los mecanismos tradicionales de protección del empleo.
Con casi cuatro décadas de trayectoria judicial, Fera planteó que la discusión no debería limitarse a si la reforma permite reducir costos empresariales.
El punto central, según su análisis, es cómo cambia el equilibrio de poder dentro de la relación laboral. Si despedir resulta menos oneroso, el empleador obtiene mayor margen de decisión, mientras que el trabajador puede quedar más expuesto frente a la posibilidad de perder su fuente de ingresos.
La reducción de indemnizaciones agravadas representa, en este sentido, un cambio relevante respecto del esquema que rigió durante décadas. Para el magistrado, el menor costo económico del despido puede modificar los incentivos de las empresas, pero también trasladar una mayor cuota de incertidumbre hacia los trabajadores y sus familias.
La reforma también amplió las posibilidades de establecer acuerdos individuales sobre cuestiones como horarios, jornadas y vacaciones. Para Fera, esta flexibilización puede aportar capacidad de adaptación a las empresas, pero también implica riesgos si se desconoce la desigualdad existente entre las partes.
El trabajador que necesita conservar su empleo no negocia necesariamente en las mismas condiciones que quien contrata. Por eso, el magistrado recordó que el derecho laboral nació precisamente para compensar esa “vulnerabilidad negocial”.
El debate, entonces, no pasa solamente por flexibilizar las normas, sino por determinar cuáles son los límites necesarios para evitar que una mayor libertad contractual termine convirtiéndose en una presión adicional sobre quienes dependen de un salario.
El papel de los sindicatos vuelve a estar en discusión
En un contexto de mayor individualización de las relaciones laborales, Fera defendió la vigencia de las organizaciones sindicales. Consideró que cumplen una función esencial al permitir que los trabajadores negocien colectivamente derechos y condiciones que difícilmente podrían defender de manera individual.
Sin embargo, también planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia. La existencia de cuestionamientos sobre dirigentes o estructuras sindicales, sostuvo, no debería confundirse con la función institucional que cumplen los sindicatos como herramienta de representación colectiva.
La “industria del juicio” y la conflictividad laboral
El juez también cuestionó la utilización de la expresión “industria del juicio” para describir los reclamos laborales. Si bien reconoció que existen situaciones abusivas que deben ser investigadas, consideró que generalizar sobre la litigiosidad no permite comprender la complejidad de los conflictos laborales.
Fera se mostró favorable a ampliar los mecanismos de conciliación prejudicial y a promover una formación jurídica menos orientada a la confrontación. El desafío consiste en agilizar la resolución de conflictos sin transformar la búsqueda de acuerdos en una barrera para el ejercicio efectivo de los derechos laborales.
El traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires constituye otro de los puntos de tensión institucional. Fera advirtió que durante un período convivirán dos estructuras judiciales con dimensiones muy diferentes.
La Justicia Nacional del Trabajo dispone de 80 juzgados y 10 salas, mientras que la estructura laboral de la Ciudad cuenta con 10 juzgados y dos salas. Para el magistrado, esa diferencia genera interrogantes sobre la capacidad del fuero porteño para absorber la actual conflictividad laboral.
Ante ese escenario, planteó la necesidad de redefinir el papel de la Justicia Nacional del Trabajo, particularmente para atender litigios colectivos y aquellos conflictos que excedan el ámbito estrictamente local.
Inteligencia artificial: el próximo desafío
La transformación del mercado laboral no se explica solamente por las reformas legales. La expansión de la inteligencia artificial y de otras tecnologías plantea una segunda discusión: qué ocurrirá con los trabajadores cuyos empleos sean modificados o directamente desplazados por nuevas herramientas.
Fera advirtió sobre el riesgo de que la innovación tecnológica profundice las desigualdades si no está acompañada por políticas de capacitación, educación e inclusión. La tecnología puede aumentar la productividad y generar nuevas oportunidades, pero sus beneficios no necesariamente se distribuyen de manera automática.
El debate laboral, por lo tanto, comienza a transitar una doble transformación: por un lado, una reforma que reduce determinados costos para las empresas y flexibiliza algunas condiciones de contratación; por otro, una revolución tecnológica que redefine las tareas y las capacidades requeridas.
La cuestión de fondo es quién asumirá los costos de esa transformación. Si la flexibilización reduce las garantías frente al despido y la tecnología aumenta la presión sobre los empleos menos calificados, el desafío para el Estado y la Justicia será evitar que la modernización del mercado laboral termine significando una transferencia creciente de riesgos desde las empresas hacia los trabajadores.
