Cierre récord de empresas: más de 30.000 firmas dejaron de operar y se perdieron 411.000 empleos en la gestión de Milei

El deterioro del entramado productivo argentino vuelve a exhibir cifras difíciles de relativizar. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, más de 30.000 empresas dejaron de estar activas y se perdieron más de 411.000 puestos de trabajo registrados, según distintos relevamientos privados.

El fenómeno combina caída del consumo, dificultades de financiamiento, apertura de importaciones y pérdida de competitividad, con un impacto particularmente fuerte sobre la industria y las pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con el Monitor Mensual de Empresas de Fundar, elaborado a partir de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 cerraron 30.633 firmas.

La cifra equivale al 6% del universo empresarial existente al comienzo de la actual administración y constituye, según la entidad, la mayor contracción registrada durante los primeros 30 meses de un gobierno desde 2003.

La tendencia tampoco muestra señales claras de reversión. En mayo dejaron de operar 2.371 empresas, un promedio de aproximadamente 76 cierres diarios. El número de empleadores activos pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 481.724 en mayo de 2026, el nivel más bajo en casi dos décadas. El retroceso acumula, además, 16 meses consecutivos de bajas mensuales y 27 meses de disminuciones interanuales.

El cierre de una fábrica que sintetiza la crisis industrial

Uno de los casos recientes que mejor refleja el impacto sobre el empleo industrial es el de Will Der. La empresa textil, con 50 años de trayectoria, cerró sus plantas y dejó a 120 trabajadores sin empleo.

La firma llegó a tener más de 280 empleados y fabricaba indumentaria deportiva para marcas internacionales como Adidas, Puma, Lacoste, Fila, Salomon, New Balance y Macron. Sus establecimientos estaban ubicados en General Pacheco, Las Flores, Catamarca y Malvinas Argentinas.

La decisión fue comunicada directamente a los trabajadores por los propietarios. Durante el encuentro, uno de los socios, Armando Anasal, expresó su angustia por el cierre de una compañía a la que había dedicado décadas. El presidente de la firma, Santiago “Tati” Phelan, explicó que se habían buscado alternativas en otros sectores productivos, pero que los nuevos pedidos no permitían sostener la actividad en el corto plazo.

La incertidumbre también alcanzó a las indemnizaciones. La empresa reconoció que no podía garantizar de antemano el pago completo de las obligaciones con los trabajadores, una situación que agrega vulnerabilidad a quienes pierden sus ingresos en un contexto de menor demanda laboral.

Una empresa de indumentaria, al borde de la insolvencia

Otro caso significativo es el de IGT33 S.A., propietaria de las marcas Rever Pass y Be Rebel, que ingresó en concurso preventivo luego de acumular un pasivo superior a los $7.000 millones.

La compañía cerró 2025 con ventas por $11.814 millones, pero sufrió una caída real del 24% respecto del año anterior y registró pérdidas por $4.365 millones. Entre sus principales obligaciones figuran $3.276 millones de deuda bancaria y otros $1.725 millones correspondientes a compromisos previsionales y laborales.

La cesación de pagos quedó expuesta en mayo de 2026 y el concurso preventivo fue abierto en julio. Los acreedores tienen plazo hasta septiembre para presentar sus verificaciones.

El caso vuelve a poner bajo la lupa al sector textil, uno de los más afectados por el menor consumo interno y el avance de las importaciones.

La industria manufacturera, entre los sectores más golpeados

La contracción no se limita al rubro textil. Desde diciembre de 2023, la industria manufacturera perdió el 13,81% de sus empresas, de acuerdo con los datos citados en los relevamientos. Solo transporte y almacenamiento presenta una caída superior.

En paralelo, la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) estimó que desde el comienzo de la actual gestión se destruyeron más de 411.613 empleos registrados.

La magnitud de la pérdida laboral resulta especialmente significativa porque no se trata únicamente de puestos de trabajo individuales: detrás de cada cierre empresarial desaparecen capacidades productivas, proveedores, cadenas comerciales y fuentes de ingresos que pueden tardar años en reconstruirse.

Los concursos preventivos también se multiplican

La creciente cantidad de empresas que recurren a mecanismos judiciales para evitar la quiebra constituye otro indicador del deterioro financiero.

Según un relevamiento de Industriales Pymes Argentinos sobre datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, durante 2025 se iniciaron 190 concursos preventivos en los tribunales porteños. La cifra representó un aumento del 131,7% respecto de 2023.

La tendencia continuó durante 2026: hasta junio se habían abierto 132 procesos, casi el 70% del total registrado durante todo 2025 y más del doble del máximo alcanzado durante la pandemia en 2020.

El dato permite observar una diferencia importante entre cerrar directamente una empresa y recurrir a un concurso preventivo. En este último caso, la compañía todavía intenta preservar su actividad, renegociar sus obligaciones y evitar la quiebra. El crecimiento de estos procesos sugiere, por lo tanto, que una parte del aparato productivo se encuentra funcionando bajo una presión financiera creciente.

Fate, Peabody y otras empresas que redujeron o abandonaron su actividad

Durante 2026 se sumaron varios casos emblemáticos. Fate anunció el cierre de su planta de Llavallol después de ocho décadas de actividad, con el despido de unos 920 trabajadores. La empresa tenía capacidad para producir más de cinco millones de neumáticos por año.

También Peabody, perteneciente a Goldmun S.A., dejó de fabricar electrodomésticos en el país y recurrió al concurso de acreedores. Granja Tres Arroyos, una de las principales firmas avícolas argentinas, atraviesa una reestructuración de una deuda cercana a los USD 350 millones y ya desvinculó a más de 300 trabajadores.

A estos casos se agregan la decisión de Citroën de concentrar su producción regional fuera de Argentina, el cierre de Leval después de más de medio siglo de actividad y el próximo cierre de la planta de Indumentaria Catamarca.

Los datos actuales tienen antecedentes en el primer tramo de la gestión. Según la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina, durante 2024 cerraron 879 empresas manufactureras. Si se incorporan minería y construcción, el número ascendió a 2.333 compañías y se perdieron 38.532 puestos de trabajo.

Dánica, SKF, Whirlpool y ARSA fueron algunas de las empresas que atravesaron cierres, despidos, quiebras o fuertes reducciones de actividad. También Garbarino terminó en quiebra después de años de dificultades financieras.

El denominador común de buena parte de estos casos combina factores internos y externos: una demanda doméstica debilitada, mayores costos financieros, dificultades para competir con productos importados y un escenario en el que las empresas con menor espalda financiera tienen menos margen para absorber períodos prolongados de caída de ventas.

El interrogante sobre el modelo productivo

Los más de 30.000 cierres empresariales y la pérdida de más de 411.000 empleos registrados obligan a discutir algo más que la situación puntual de determinadas compañías. El dato plantea un interrogante sobre la capacidad del modelo económico para sostener un entramado productivo amplio mientras se busca estabilizar las variables macroeconómicas.

La apertura comercial puede contribuir a reducir precios y ampliar la oferta para los consumidores, pero también expone a las industrias locales a una competencia que, en determinadas actividades, puede resultar difícil de enfrentar. Del mismo modo, la reducción de costos y el ajuste de la demanda pueden favorecer una mayor eficiencia en algunas empresas, pero provocar cierres y pérdida de empleo en aquellas que no logran atravesar la transición.