Reabren la Sala de Prensa en la Casa Rosada, pero endurecen el cerco sobre la labor periodística
La reapertura de la Sala de Prensa no implica un retorno pleno a las condiciones previas, sino la consolidación de un modelo con mayores controles y menor margen de acción para el periodismo dentro de la sede gubernamental.
Tras casi dos semanas de una restricción sin precedentes en democracia, el Gobierno volvió a habilitar el acceso a la Sala de Prensa de la Casa Rosada. Sin embargo, la reapertura llega acompañada de un esquema más rígido que limita la circulación y el trabajo cotidiano de los periodistas acreditados.
El regreso de la actividad está vinculado a la reaparición pública del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien retomará las conferencias de prensa luego de su paso por el Congreso y en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Desde su entorno aseguran que el funcionario buscará enfocar su discurso exclusivamente en la gestión y evitar cualquier referencia al expediente que lo involucra.
Aunque la restitución de las conferencias podría interpretarse como un gesto de normalización institucional, en la práctica se implementó un sistema de acceso más restrictivo. A partir de ahora, los periodistas deberán ingresar por una puerta secundaria y someterse a controles de seguridad más exhaustivos, incluyendo doble escaneo de pertenencias y verificación manual de identidad. El sistema biométrico, utilizado anteriormente, permanece deshabilitado.
Las nuevas disposiciones también restringen áreas clave dentro del edificio. Espacios que antes permitían observar el movimiento de funcionarios, como el Patio de las Palmeras, quedaron vedados. Esta limitación reduce la posibilidad de registrar ingresos y reuniones, una herramienta habitual del periodismo político para reconstruir la agenda real del poder.
Además, se recortó la libertad de circulación en pasillos y sectores internos, y se adoptaron medidas físicas —como el tratamiento de vidrios para impedir la visibilidad— que dificultan aún más la tarea informativa. Bajo el argumento de reforzar la seguridad presidencial, el Ejecutivo configura así un entorno más opaco para la cobertura diaria.
En paralelo, el oficialismo sostiene estas decisiones en denuncias por supuesto espionaje ilegal contra periodistas, impulsadas desde el área de Casa Militar, dependiente de Karina Milei. Este trasfondo tensiona aún más la relación entre el Gobierno y la prensa acreditada.
