El Gobierno avanza con la privatización vial: adjudican corredores por 20 años

La administración libertaria acelera así uno de sus objetivos centrales: transferir áreas históricamente administradas por el Estado hacia esquemas de gestión privada, incluso en sectores sensibles para la conectividad y la actividad económica nacional.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de reducción del rol estatal en la infraestructura pública. A través del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, se oficializó la adjudicación de distintos corredores viales nacionales a grupos empresarios privados que administrarán las rutas durante los próximos 20 años bajo el sistema de concesión por peaje.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 706/2026, profundiza el proceso de desmantelamiento de Corredores Viales S.A., la empresa estatal creada para gestionar buena parte de la red vial estratégica del país. La decisión se encuadra dentro del esquema de privatizaciones impulsado por el Gobierno a partir de la denominada Ley Bases.

Con esta adjudicación, las empresas privadas asumirán tareas clave como construcción, mantenimiento, ampliación, explotación y administración de rutas nacionales, además de obtener autorización para desarrollar actividades complementarias destinadas a generar ingresos extra.

El discurso oficial sostiene que las ofertas seleccionadas representan la alternativa “más conveniente para el interés público”. Sin embargo, el avance de las concesiones vuelve a abrir interrogantes sobre el impacto que tendrá el esquema de peajes sobre los usuarios, el control estatal sobre obras estratégicas y la concentración de negocios vinculados a la infraestructura vial.

En el denominado Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, la concesión quedó en manos de un consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, que presentó una tarifa de peaje de $997 más IVA.

Por su parte, el Tramo Pampa fue adjudicado a Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, con una oferta económica de $2.355,37.

Detrás de las adjudicatarias quedaron otros grupos empresarios históricos del negocio de la obra pública, entre ellos firmas vinculadas a Benito Roggio e Hijos, Panedile, Supercemento y CPC, en una licitación que reunió a varios de los principales actores del sector.

La resolución oficial también destaca que no se registraron impugnaciones durante el proceso licitatorio tras la apertura de sobres económicos. No obstante, especialistas advierten que el verdadero debate comenzará cuando entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios y se evalúe el nivel de inversión efectiva que realizarán las concesionarias.

La decisión del Ejecutivo marca además un cambio profundo en el modelo de gestión vial. Mientras el Gobierno argumenta que el sector privado aportará eficiencia y financiamiento, sectores opositores y sindicales alertan sobre una posible pérdida de capacidad estatal para controlar servicios estratégicos y garantizar obras en regiones menos rentables.