Marcela Pagano llevó a la Justicia a Javier Milei por presunto encubrimiento
La presentación judicial no solo expone una nueva fractura dentro del universo libertario, sino que además coloca bajo análisis el alcance institucional de las declaraciones públicas del jefe de Estado y sus eventuales consecuencias penales.
La disputa política dentro del oficialismo sumó un nuevo capítulo de alto voltaje institucional. La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia contra el presidente Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos, a partir de declaraciones realizadas por el mandatario durante una entrevista en un canal de streaming afín al Gobierno.
Según el planteo de Pagano, Milei habría incumplido los deberes inherentes a su cargo al no denunciar formalmente dos hechos de presunta gravedad institucional que él mismo relató durante la entrevista.
El primero de ellos está vinculado a una afirmación del Presidente sobre el escenario político posterior al triunfo electoral del vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en los comicios legislativos porteños. Milei sostuvo que, a partir de ese resultado, sectores opositores habrían intentado impulsar un “golpe de Estado” contra su administración.
Para la legisladora, semejante declaración no puede quedar reducida al plano discursivo o mediático. En su denuncia sostiene que, si efectivamente existió una maniobra contra el orden constitucional, el Presidente estaba obligado a denunciarla ante la Justicia por tratarse de delitos de acción pública vinculados al funcionamiento democrático.
En ese sentido, Pagano argumentó que los dichos del mandatario podrían encuadrarse en figuras previstas en el Código Penal vinculadas a atentados contra el orden constitucional y la vida democrática, remarcando que se trata de hechos de “máxima gravedad institucional”.
El segundo eje de la denuncia gira en torno a otro tramo de la entrevista, en el que Milei relató un supuesto intento de soborno por parte de un empresario. Según la diputada, la descripción realizada por el propio Presidente podría configurar un caso de cohecho activo, delito que también debió haber sido denunciado formalmente por el titular del Poder Ejecutivo.
Más allá del recorrido judicial que pueda tener la presentación, el episodio vuelve a poner en evidencia el nivel de tensión interna dentro de La Libertad Avanza, espacio donde las diferencias políticas y personales comenzaron a trasladarse de la disputa parlamentaria al ámbito judicial.
La denuncia también abre un debate más amplio sobre la utilización política de declaraciones públicas presidenciales y el impacto institucional que generan cuando involucran acusaciones sensibles, como intentos de desestabilización o presuntos hechos de corrupción. En un contexto de alta confrontación política, cada declaración del Presidente deja de ser interpretada únicamente como una expresión discursiva y pasa a tener implicancias legales y políticas de mayor escala.
