La Justicia avanza sobre el patrimonio de Cristina Kirchner: buscan decomisar el departamento donde vive

El fiscal Diego Luciani pidió incorporar al proceso de decomiso la vivienda de Constitución donde la expresidenta permanece detenida. La medida forma parte de una estrategia judicial más amplia orientada a recuperar bienes vinculados a la causa Vialidad.

La ofensiva judicial en el marco de la causa Vialidad sumó un nuevo capítulo con fuerte impacto político y simbólico. El fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 el decomiso del departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente su condena bajo arresto domiciliario.

El pedido se enmarca en la segunda etapa del proceso de ejecución patrimonial impulsado por la fiscalía, cuyo objetivo es recuperar activos para compensar el perjuicio económico al Estado determinado por la Justicia, estimado en alrededor de 685 mil millones de pesos.

La inclusión del inmueble donde reside la exmandataria representa uno de los movimientos más sensibles dentro de la causa, no solo por el valor económico del bien, sino también por su fuerte carga política. Para la fiscalía, la propiedad formaría parte del entramado patrimonial investigado durante el proceso por direccionamiento de obra pública en Santa Cruz.

El requerimiento presentado por Luciani no se limita a esa vivienda. La fiscalía avanzó además con un amplio listado de bienes que incluye 141 inmuebles, decenas de vehículos y fondos depositados en cuentas bancarias y cajas de seguridad vinculadas a integrantes de la familia Kirchner y empresarios condenados en la causa.

Entre los activos señalados aparecen propiedades emblemáticas como el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea en El Chaltén, además de terrenos y residencias en distintas localidades de Santa Cruz. También fueron incluidos millones de dólares depositados en cuentas y cajas de seguridad atribuidas a Florencia Kirchner.

Desde la fiscalía sostienen que el avance sobre estos bienes responde a la falta de cumplimiento de los condenados respecto de la devolución del dinero fijado judicialmente. Según el dictamen, ninguno de los involucrados realizó aportes para cubrir el monto establecido como daño económico al Estado, lo que habilitaría el decomiso y eventual ejecución de los activos.

Luciani argumentó además que el patrimonio detectado presenta niveles “desproporcionados” respecto de los ingresos declarados por los acusados, un punto que la acusación considera central para justificar la ampliación del proceso de recuperación de bienes.

Ahora, la decisión final quedará en manos del Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, quienes deberán resolver si incorporan estos nuevos activos al esquema de decomiso ya iniciado tras la confirmación de la condena.

En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner y de sus hijos mantiene abiertos distintos recursos judiciales para intentar frenar la ejecución patrimonial, en una disputa que podría volver a escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión de avanzar sobre el departamento donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria marca un endurecimiento de la estrategia judicial y profundiza la dimensión política de una causa que, más de una década después de iniciada, continúa redefiniendo el vínculo entre poder, corrupción y patrimonio en la Argentina.